Fiscal Jorge Díaz: Uruguay hace gala y se “pavonea” por el mundo mostrando su agenda de derechos, pero “viola” los derechos de primera generación

 

-Su idea es crear una fiscalía especializada en crímenes de Lesa Humanidad. ¿Usted presentó ante el Ejecutivo un anteproyecto de ley?

-Efectivamente remitimos ante el Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley. Tenemos entendido que el Ejecutivo hará suyo este proyecto, y lo remitirá al Parlamento para su aprobación. Lo que planteamos, es autorizar la transformación de una de las Fiscalías penales de Montevideo, en una fiscalía que se encargue de todas las causas que existan por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Una vez que esto ocurre, todos los juzgados que tengan causas por esta razón, deberán seguirlas con esa fiscalía. Desde el año 2012, tratamos de darle impulso al avance de estas causas. Muchas de ellas llevan mucho tiempo, otras son de distintos periodos históricos. Hay causas que se iniciaron en el año ´85, cuando la recuperación democrática, hasta la aprobación de la Ley de Caducidad. Luego, hay causas que se iniciaron durante la vigencia de la Ley de Caducidad y a partir del año 2005, empezaron a aparecer nuevas causas, porque se las excluía de esta ley por parte del Ejecutivo, y con posterioridad a la Sentencia de la Corte Interamericana de DDHH, en el caso Gelman contra Uruguay, en el cual se condenó a nuestro país y se le impusieron determinadas obligaciones de carácter general y particular. En cumplimiento de esa sentencia, el Poder Ejecutivo de la época, lo que hizo fue excluir a todas las causas que anteriormente se habían incluido en la ley (caducidad). Todas las causas quedaron en trámite, luego empezó un proceso en el cual se ha ido avanzando, pero con mucha lentitud.

(En DDHH) el Estado debería tener una estrategia y no la tiene, en cambio la defensa (de los militares) sí la tiene.

Desde la Fiscalía, lo que vemos es que el Estado, que es el organismo de persecución que debería tener una política criminal, una estrategia, no la tiene, y  las defensas (de los militares) sí la tienen. En todos los expedientes, hay un hilo conductor, se pueden apreciar escritos iguales de defensores distintos, de personas distintas, hay una estrategia común, mientras que el Estado, no la tiene, cuando es el Estado el que debería tener una estrategia, pero producto de la disparidad de jueces y de fiscales que intervienen en cada una de las causas, no la tiene. El Estado no ha tenido una estrategia de persecución clara. Nosotros tratamos de resolverlo, planteando la creación de una unidad especializada. Ya hicimos un relevamiento de todas las causas. Hasta no hace mucho, no se sabía cuántas causas había, en qué juzgados y porque tema. Estaba todo desperdigado a lo largo y ancho del país. Hoy tenemos una idea clara de cuantas causas hay, quienes son los involucrados, quienes son los denunciantes, en que juzgado están y que Fiscalía interviene. Esto es nada más que un primer paso. La idea es que un solo fiscal, con un equipo de fiscales ascriptos, con una infraestructura que no es la de una fiscalía común    -porque si se pretende que trabajen en todo el país, hay que dotar de una infraestructura diferente- pueda hacerse cargo de estas causas, y elaborar una estrategia común. Hay hechos denunciados en más de una causa, hay periodos históricos y unidades militares que están siendo investigados en distintos juzgados. Hay que hacer ese relevamiento y establecer una estrategia. ¿Qué es lo que se va hacer? ¿Cómo vamos a investigar? ¿Qué es lo que falta? Toda esta atomización de las causas, ha llevado a que no se haya podido avanzar en el esclarecimiento de los hechos. En algunas causas, tendremos que decir que existen pocas posibilidades de avanzar. Será un acto de sinceridad ante los propios denunciantes y ante las propias víctimas. No nos vamos a resignar de antemano, pero sabemos que el transcurrir del tiempo, acorta las posibilidades de esclarecer los hechos. Nosotros le planteamos al Ejecutivo y de forma extraoficial tenemos la información de que el Ejecutivo está de acuerdo con el proyecto y que lo remitirá al Parlamento, no sabemos si tal cual lo enviamos nosotros o con modificaciones.

En el caso Gelman, Uruguay está incumpliendo con el Fallo dictado por la Corte Interamericana de DDHH.

Una vez que el Parlamento lo apruebe, contaremos con una herramienta más, que no es una “varita mágica” que solucione y que permita liberar y avanzar rápidamente, pero por lo menos es un esfuerzo más en una línea de cumplir con el fallo de un Tribunal Internacional que condenó a Uruguay, a desarrollar determinadas acciones con las que no estamos cumpliendo y no puede haber discusión que la Sentencia de la Corte no está cumplida. Como Estado y nosotros como Fiscalía, somos parte, tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance, para dar cumplimiento a ese fallo.

-¿Hay personal capacitado para estar al frente de esta fiscalía?

-Hay fiscales que han llevado adelante causas con bastante empeño, trataremos de encontrar a la persona adecuada para que dirija y lidere este proceso. Luego, lo tendremos que dotar de los recursos humanos necesarios. Nosotros somos una institución con 105 años de historia, se ha renovado totalmente y hay muchísimos fiscales que tienen menos de 35 años, es decir cuando ocurrieron los hechos a investigar no habían nacido, a veces la perspectiva histórica no es tan clara. En mi caso, era un niño y luego un adolescente durante la dictadura. Uno tiene una perspectiva histórica de lo que paso, viví la salida democrática, tuve la oportunidad de vivir ese momento histórico pero hay muchos fiscales que no. Hay fiscales también con una perspectiva de edad distinta, que pueden opinar de otra manera. Designaremos una persona que actué con la objetividad que tiene que actuar un fiscal, no hablamos de “Torquemada” sino de gente que actué con objetividad y con profesionalidad y que pueda avanzar lo más que se pueda en el esclarecimiento de los hechos, y si es posible, sancionar a los responsables. Incluso aquellos que no se pueda probar que son responsables, también quedarán exonerados. A veces metemos a todos en la misma bolsa.

-¿Estamos hablando de unas 200 causas?

-Aproximadamente sí, estamos ante unas 210 causas. Allí tendremos que hacer un trabajo de revisión, porque probablemente hay causas que están duplicadas. Hablo de hechos que se denunciaron entre el 85 y el 86, luego fueron incluidos en la Ley de Caducidad y con posterioridad se volvieron a denunciar a partir del año 2005. Hasta el año 2012, se estuvieron presentando denuncias. Hay que hacer un trabajo de “rastreo”, para saber cuántas de esas denuncias no estaban incluidas en denuncias anteriores y la idea es también unificar causas. La atomización no favorece a la investigación. Lamentablemente, el Estado no ha tenido una estrategia de persecución penal.

-En el nuevo proceso penal ¿cómo se inserta esta Fiscalía?

Esta Fiscalía trabajará con el viejo Código, tendrá que trabajar con distintos juzgados, salvo que logre acumular causas y disminuir el número de sedes judiciales. Hay una definición del Poder Judicial, que indican que habrá juzgados encargados de las causas nuevas, posteriores a la entrada en vigencia del Código y habrá juzgados que quedarán con las causas viejas y nosotros tenemos definido en Montevideo y luego veremos cómo será en el Interior, que hay fiscalía que se encargarán de las causas viejas. Esta nueva Fiscalía, quedaría dentro de las causas viejas pero con un régimen y competencia especial. La única manera que podemos lograr esa unificación, es de esta manera, sino vamos a quedar a los criterios de cada uno, que a veces se superponen o se pisan entre sí, e impiden tener una visión global de todo el fenómeno.

-¿El nuevo Código, como estaba previsto, comenzará en el 2017?

-Es una afirmación “optimista”. Estamos trabajando y también lo está haciendo el Poder Judicial y el Ministerio de Interior “a todo vapor”. Nosotros hemos tenido reuniones en Colonia, en Maldonado, en Minas, en Tacuarembó, y en Rivera. A esta recorrida, hay que sumar el trabajo que estamos haciendo acá, es decir, estamos trabajando en la dirección para llegar al 16 de julio de 2017, con un Estado en condiciones de aplicar el Código. Nosotros estamos trabajando para prevenir los problemas que se nos podrán presentar, muchos problemas que hoy no nos imaginamos, seguramente  los tendremos y además tendremos otros que ni siquiera imaginamos. Tenemos que tener claro que este es un proceso que no termina el 15 de julio (de 2017), y que al día siguiente queda todo resuelto. El 16 de julio (de 2017), aparecerán otros problemas que tendremos que ir resolviendo. En cualquier caso, la reforma con las deficiencias que puedan aparecer es “diez mil veces” mejor que lo que tenemos actualmente. El Ministro Eduardo Cavalli, decía hace unos días “pasaremos del siglo XVI al siglo XXI”. Esos pasajes nunca son gratuitos  y siempre generan incertidumbres y temores. Esto va a pasar, hay que tenerlo claro.

Uruguay está incumpliendo con todos los estándares internacionales de derechos humanos.

-¿Qué impacto positivo tendrá a los problemas de seguridad?

-Los Códigos no hacen magia ni milagros. Hace unos días, el Dr. Jorge Chediak decía, que los milagros los hacen los “santos”. Se ve que él cree en los milagros, pero yo no, lo que es claro es que los Códigos no hacen milagros. Las leyes lo que generan, es un marco jurídico adecuado para que luego distintos operadores del sistema, trabajen sobre él. El problema es que no tenemos opción como país. Uruguay está incumpliendo con todos los estándares internacionales de derechos humanos. No estamos cumpliendo con el Pacto de San José de Costa Rica, tampoco con el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos. Hemos ratificado un conjunto de instrumentos a nivel internacional en materia de derechos humanos y los estamos incumpliendo sistemáticamente. Un país que hace gala de su agenda de derechos y se “pavonea” por el mundo mostrando su agenda de derechos, cuando estamos violando los derechos de primera generación. Todo ciudadano tiene derecho a tener un juicio justo y para tener un juicio justo y tener un debido proceso, tengo que tener un juez imparcial. Hoy tenemos jueces que no actúan de forma imparcial y no lo hacen no porque ellos no quieran, sino porque el diseño del sistema los lleva a eso. Porque para ser imparcial no se debe interactuar con los hechos, objeto del proceso previo al juicio y aquí no solo interactúan sino que dirigen la investigación.

Conforme a los estándares internacionales, el Tribunal Europeo de DDHH, en el Caso del ciudadano Piersack contra Bélgica (año 1982), anuló la sentencia del Tribunal Belga,  porque uno  de los miembros del  Tribunal, antes de ser miembro, había sido Fiscal y había tenido un mínimo de participación en la investigación. En el Uruguay, los jueces dirigen la investigación, hacen prueba y luego dictan sentencia. Con ese estándar internacional, en Uruguay todos los juicios serían nulos.

El sistema político aprobó por unanimidad, la reforma del nuevo Código del Proceso Penal.

-¿Hay comprensión del sistema político de esta necesidad?

-Creo que sí, hubo unanimidad a la hora de aprobar el Código y hubo unanimidad en llevar adelante su instrumentación. La implementación fue votada por amplia mayoría en ambas Cámaras. Hay un apoyo político muy fuerte, este es un proceso de cambio imprescindible. En Uruguay tenemos el mismo proceso inquisitivo desde los tiempos de la “inquisición”, por eso decimos que es pasar del siglo XVI al siglo XXI.

En Uruguay se aclaran el 4,5% de los delitos que se denuncian.

-¿Cómo ve usted aumentar las penas para combatir el delito?

-No soy un “fundamentalista” de no subir las penas, hoy se castigan delitos más graves con menos intensidad que delitos menos graves. El senador Luis Alberto Heber ponía el ejemplo un homicidio doloso tiene un mínimo de 20 meses de prisión y la pena de una rapiña tiene de 4 años de prisión o de copamiento que tiene un mínimo de 8 años, ahí hay una alteración de la “dosimetría” y hay que corregirlo, y ojalá se haga. La única manera de hacerlo, es corrigiendo el Código Penal. El problema que tenemos hoy, es la efectividad en la investigación de los delitos. Uruguay aclara el 4,5% de los delitos que se denuncian. Por más que suban las penas al doble, se aplicará sobre ese 4,5%. La evaluación del riesgo que hacen los delincuentes, no es cuanta pena le van a dar sino si lo agarran o no lo agarran. Esto es lo que genera impunidad. La impunidad es la ausencia de aplicación de penas a los delitos que se comenten, no sancionar más benignamente.  Lo que hay que aumentar es la eficacia y la eficiencia en la investigación. Después discutimos lo de las penas.