Instituto Nacional de la Mujer atendió 150 casos de tráfico internacional. Presentan proyecto de Ley para combatir la trata de personas

Este viernes 23 de setiembre se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.

En ese marco, INMUJERES del Ministerio de Desarrollo Social informó que desde enero a julio pasado el instituto atendió a más de 150 mujeres por casos de trata internacional.

INMUJERES también denunció que es “muy importante” el tráfico interno de mujeres, pero, sin embargo, continúa siendo un problema poco visible.

La directora de la División Violencia Basada en Género de INMUJERES, Karina Ruiz, dijo que se trata de “mujeres y niñas que son engañadas y explotadas en la búsqueda de un cambio de vida y de mejora para sus familias y que en determinado momento pasan a una situación de trata y esclavitud”.

“Es muy importante poder entender este fenómeno y que estas situaciones implican tortura, dolor, sufrimiento y daño”, expresó.

Proyecto de Ley

Asimismo, INMUJERES presentó este viernes 23 un proyecto de Ley integral de “prevención y combate a la trata y explotación de personas, con énfasis en la protección de las víctimas y los testigos”.

Ruiz dijo que “así como se acordó presentar una Ley integral para garantizar una vida libre de violencia basada en género, ahora se recogen insumos para un anteproyecto de Ley de trata, que fue redactado por una mesa interinstitucional conformada, por la Organización Internacional de las Migraciones, el Poder Judicial y la Fiscalía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la sociedad civil organizada”.

La jerarca aseguró que avanzar en la normativa implica progresar en derechos y tener una política pública que sea “integral e interinstitucional y responda a aspectos que tienen que ver con la presentación de esas situaciones, la promoción en derechos, la atención en la asistencia, la persecución del delito y la reparación a las víctimas”.

También recibe especial atención “la protección de los testigos y de las personas que están más próximas a las víctimas, porque son muy vulnerables frente a amenazas de que sufrirán graves consecuencias si sus familiares no continúan en la red de explotación”.