El gobierno y partidos políticos logran acuerdo para aumentar la pena mínima de homicidio intencional

En una nueva reunión de la comisión técnico-política sobre seguridad realizada este jueves en la Torre Ejecutiva, el presidente y los representantes de distintos partidos acordaron aumentar a dos años la pena mínima de homicidio intencional y considerar agravantes los homicidios a policías, jueces y fiscales.

En declaraciones a los medios recogidas por Montevideo Portal, el ex comisionado parlamentario penitenciario y ex candidato a intendente de Montevideo por el Partido Nacional, Álvaro Garcé, afirmó que su partido salió parcialmente conforme «en el sentido en que se avanzó algo en materia de regulación del homicidio, con tendencia a mejorar la protección de la vida».

Garcé dijo que se llegó a una base de acuerdo con respecto a que la pena mínima del delito de homicidio intencional pase a ser de dos años de penitenciaría, cuando en la actualidad es de uno.

Sobre el mismo punto, el legislador Pablo Abdala contó que el gobierno planteó una preocupación para situaciones puntales como la del dolo eventual (cuando una persona no actúa para dañar pero sabe que lo que está haciendo puede resultar en un daño) o la de legítima defensa incompleta (cuando una persona que ha sido amenazada mata al agresor pero no en el momento en el que peligró su vida).

Abdala también dijo que hay un principio de acuerdo en un proyecto de Ley planteado por el Partido Nacional que «determina como circunstancia agravante del homicidio cuando se comete sobre policías, jueces y fiscales, con una mínima de 15 años y máxima de 30 años«.

El futuro de las cárceles

«Quedan algunos aspectos a definir que serán tratados la semana que viene. No dio el tiempo para tratar algo que estaba en el orden del día, la cuestión de la responsabilidad penal juvenil y la creación del servicio descentralizado para que las cárceles salgan del Ministerio del Interior«, dijo Garcé luego de la reunión.

“Hay consenso” en este sentido, afirmó, pero es importante analizar «cómo se relaciona ese servicio descentralizado con el Poder Ejecutivo».

«El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) no parece en principio el lugar más indicado por razones técnicas e históricas. Con respecto a lo primero, el Ministerio de Instrucción Pública, que luego pasaría ser el MEC, se encargaba de otras cárceles de un país que hace mucho no existe. Hoy la competencia del MEC es extensa y compleja, y agregarle además gestionar la relación del servicio descentralizado con el Poder Ejecutivo parece un exceso. No habría que darlo por bueno y definitivo», señaló Garcé.

Las alternativas al MEC, explicó, son el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) o que el Ministerio del Interior sirva de nexo institucional entre el organismo y el Poder Ejecutivo.