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El Ejército rechaza que militares custodien embajadas para liberar a policías a actividades de combate a la delincuencia

El Ejército Nacional rechazó la posibilidad de que los militares custodien las embajadas y sedes diplomáticas para liberar a los policías a actividades de combate a la delincuencia. Mientras que catedráticos en derecho constitucional cuestionaron que se puedan realizar allanamientos de viviendas donde se comercialicen drogas, porque se atentaría contra el derecho sagrado e inviolable del hogar, como así lo establece la Constitución de la República.

torre-ejecutivaLa Comisión multipartidaria que funciona en el ámbito de la Presidencia de la República y en la que participan legisladores de todos los sectores políticos, se reunió este martes en la Torre Ejecutiva.

La reunión para abordar políticas de “seguridad y convivencia ciudadana” recibió al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, con el objetivo de analizar una propuesta del Partido Colorado sobre la posibilidad de liberar a los efectivos policiales que se desempeñan en la custodia de las embajadas y sedes diplomáticas para pasar a ser custodiadas por personal militar.

Sin embargo, tanto Manini Ríos como integrantes del gobierno expresaron que es una iniciativa “inconveniente”, porque se trata de un contingente pequeño de efectivos policiales que serían liberados para la seguridad ciudadana.

También se hizo mención a las diferencias en las cuales son formados y capacitados los funcionarios policiales y del Ejército Nacional, la misión, la razón de ser, el armamento y características de trabajo.

Por otro lado, en la reunión se consideraron los informes de los catedráticos en derecho constitucional Alberto Pérez Pérez y Martín Risso referentes a los allanamientos nocturnos en hogares donde se trafican drogas.

En tal sentido, los especialistas en derecho constitucional se refirieron a la eventual pérdida del derecho sagrado e inviolable del hogar, establecido por el artículo 11 de la Constitución de la República. Por lo que para su aplicación, se requeriría una reforma de la Carta Magna.

Es decir que la naturaleza del hogar “no se pierde porque se cometa una actividad ilícita, porque en muchos hogares vive una familia”.

Proyecto de Ley

También ese analizó el proyecto de Ley que presentó el Poder Ejecutivo relativo a la creación de una Comisión de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transfronterizo, en lo que existe acuerdo.

Asimismo, la iniciativa legal incluye la creación de un Comité de seguridad para los pasos de frontera, donde también hay un acuerdo importante, y la intervención social ante procesamientos por comercialización de sustancias ilícitas, aspecto en cual existe coincidencia.

En el mismo sentido, se analizaron disposiciones penales referentes a la comercialización y financiamiento del narcotráfico, aumentando las penas mínimas a efectos de que no sean excarcelables, es decir llevarlas de 20 meses de prisión a 2 años de penitenciaría.

Aspectos relacionados con la producción de estupefacientes fueron aplazados en su consideración, aseguró el prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo.

“De todos modos, existe buen porcentaje de acuerdo y nos augura un proyecto de Ley con proceso de trabajo profundo”, remarcó el jerarca de gobierno.

Sobre el planteo respecto a un nuevo cronograma para la entrada en vigencia de Código del Procedimiento Penal, el Ejecutivo recibió el planteo de todos los partidos sobre la importancia del ámbito y respecto de las decisiones que se toman en la Comisión.

“Si existe consenso en revisar el cronograma así se realizará para evitar postergaciones futuras, porque esta parte del sistema penal tiene una relevancia importante en la efectiva garantía de derechos y el combate de delitos”, dijo Roballo. El objetivo es “ampliar la posibilidad de tener condenas en tiempos menores con una actuación más eficiente del sistema penal”.

Por su parte, el senador nacionalista, Luis Alberto Heber dijo que se insistió en que el homicidio intencional no puede ser excarcelable y tiene que tener una pena mínima de más de dos años.

“Se debe proteger la acción de la policía en la custodia, por lo que cuando se mata a un policía, ese delito debe ser muy especialmente agravado”, indicó Heber.

El senador del Partido Colorado German Cardoso informó que también se propuso que los efectivos militares puedan pasar a custodiar las fronteras secas.

Entretanto que desde Unión Popular se rechazó cualquier participación de las FF.AA en actividades de la policía así como la posibilidad de incrementar las penas para “penalizar a la pobreza”.

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