La Nueva República como respuesta a la mafia

En las últimas semanas, por ejemplo, la agenda uruguaya comienza a parecerse a la agenda de una República bananera. A un periodista que está investigando ilícitos fiscales del grupo Tenfield le pegan un tiro en las piernas, siguiendo el centenario rito de advertencia de la mafia. No es el primer disparo de armas de fuego en la realidad uruguaya reciente. Al juez Alberto Miguel Basil intentaron matarlo, cuando acababa de procesar a más de 40 personas en el Departamento de Rivera orquestadas en el gran contrabando. En realidad, el Dr. Miguel había allanado horas antes la Zona Franca de Colonia, esto es, estaba avanzando sobre el eje del contrabando Colonia-Rivera. Están también los disparos de arma de fuego contra los vehículos de Julio Sánchez Padilla o de Víctor Lissidini. Nada han avanzado en estos casos ni la Policía ni el Ministerio del Interior. Obviamente la falta de eficiencia en el esclarecimiento de estos hechos estimula su repetición. Se está instalando esta práctica mafiosa en la rutina nacional.

La semana pasada, nomás, daba cuenta de dos episodios gravísimos. Ante el Superior Tribunal Federal de Justicia de Brasil el Uruguay llegó tarde  el plazo vencía el 26 de noviembre y Uruguay presentó sus razones el 27 de noviembre  para cumplir con el paso final para extraditar desde el vecino país norteño a Adolfo Gil Ribeiro, cabecilla prófugo de la banda contrabandista que reprimiera el ex juez Alberto Miguel Basil y vehículo básico de la relación entre el gran contrabando y la política: Gil Ribeiro revistaba como funcionario «en comisión» en el Poder Legislativo. Naturalmente quedó clara la falta de voluntad política del Uruguay de traer tan incómodo delincuente. El otro episodio de esta semana pasada es la pérdida en el Ministerio de Economía del expediente donde se atacaba por parte de algunos canales cable del interior del país al «abuso monopólico» por parte de Equital y Tenfield. Es decir, la primera la empresa por la cual se le dio a los canales abiertos los canales cable  de manera monopólica en Montevideo  y su aliada la empresa de Paco Casal que maneja el fútbol, el basquetbol y ahora el Carnaval. Se perdió el expediente. Punto.

El panorama tétrico se completa con los trascendidos que se han filtrado desde la Suprema Corte de Justicia y desde el Ministerio del Interior respecto a la conducta del juez de Carmelo, Dr. Colmenero. En efecto, luego de actuar contra Lissidini, el Dr. Colmenero pretendió tener un papel contra los hermanos Röhm  modo reivindicante  lo cual le llevó a invadir el expediente bien llevado por el juez Balcaldi. Resultó, para sorpresa de quienes leemos el diario, que el juez Colmenero es aliado de la Dirección Nacional de Inteligencia, la que filtró que el juez Colmenero viajaba a EEUU para convencer a la Justicia de ese país de extraditar al Uruguay a José Röhm. Una Dirección de Inteligencia que protagonizó un claro enfrentamiento con el Dr. Lissidini  contra lo que había resuelto el ministro Stirling en cuanto a que si el ex director de Aduanas era procesado en la madrugada  entonces durmiera en Carmelo, con cuidado de su seguridad; miembros de la Dirección de Inteligencia agarraron a Lissidini y lo tiraron en la cárcel de Colonia a las 4 de la mañana, en una cárcel a oscuras en medio de 70 delincuentes, y que, para convalidar la foto bananera, todos vimos que era homenajeada hace pocos días por el Presidente de la República en su despacho: Haití.

Pero lo que se desliza es que el Dr. Colmenero tendría, así lo dice la prensa, relaciones «fluidas» con delincuentes, relaciones tales que no le habrían permitido aclarar el crimen del narcotraficante «Lilo» Martínez en Carmelo. Yo ya dije eso por Radio Carmelo el día en que Colmeneros interrogaba a Lissidini, el día previo a su procesamiento. La opinión pública tiene derecho a preguntarse: ¿qué quiere decir eso de relaciones «fluidas»?

El problema es, para cerrar un paisaje decadente, que quien ataca a Colmenero es un comisario De los Santos, que declaró que el eje de la Justicia en Uruguay pasa por Peri Valdez-Hierro López. Es decir que todos debemos protegernos rápidamente de De los Santos.

Por supuesto el indolente país del no-pasa-nada avanza. Estos quincistas soberbios y tecnócratas que fabrica Jorge Batlle, como el tal Zaidensztat (Director de la DGI) que anda persiguiendo «informales» por las esquinas nada nos dice sobre las denuncias del periodista herido de bala, Ricardo Gabito, contra Paco Casal. Tampoco Zaidensztat hizo nada contra el Frigorífico Pando que eludió la declaración fiscal de 40.000 vacas. (Sí, cuarenta mil). Ese país bananero y decadente trastoca todos los valores y son grandes señores los fabricantes de SAFI y de sociedades off-shore que sirven para que la corrupción brasilera y argentina, sus clientes, usen al país como caja negra. Grandes señores que llevan al país a un destino de barométrica.

 

Para superar la decadencia

Y cómo barajamos toda esta horrible realidad. ¿Cómo la superamos?

Hay una sola respuesta: nuevas reglas de juego en todos los subsistemas de la democracia. Más y mejores instituciones para revertir el destino bananero a que nos condenan los indolentes y los mafiosos. Y los silencios del cómplice sistema de comunicación del sistema-establecido-de-privilegios. Sistema de comunicación que intenta desacreditar a todos quienes denuncian a los mafiosos.

Cuando se cambian simultáneamente las reglas de juego de todos los subsistemas de una democracia lo que se está haciendo es parir una Nueva República. Es lo que hay que hacer.

La Justicia no puede tener Colmeneros, o Contarines o Guianzes o Peri-Valdeses. Ellos son posibles porque el sistema judicial penal uruguayo es el único producto cultural del mundo que aúna los contenidos de los códigos fascistas del autoritarismo mundial de la primera mitad del siglo XX con los contenidos de las dictadura militares sudamericanas de la segunda mitad de siglo XX. En efecto, la unión en un solo juez de lo que durante un siglo de la historia uruguaya fueron dos jueces, crea unos superjueces capaces de superdefender su supererrores al servicio del sistema-establecido-de-privilegios. Sepamos que no se vuelve al sistema garantista de doble juez y doble fiscal  dos jueces no sólo se pueden equivocar menos que un juez, sino que dos jueces son menos presionables o permeables que dos jueces  porque se está defendiendo el actual poder de los jueces. Y al servicio de ese poder se pone una serie de institutos antigarantistas como el secreto del presumario, la no presencia del abogado defensor en las instancias claves, la prisión preventiva antes del juicio, etc. La barbarie. Se supera fácilmente con ganancia de institucionalidad cambiando las reglas de juego.

Y se supera la corrupción policial con la existencia del instituto de autoinvestigación del instituto policial  un Departamento de Asuntos Internos  como se empieza a superar la corrupción política mediante la fiscalización de las finanzas de los partidos.

El cambio de las reglas de juego puede mejorar la democracia y los partidos (ley de partidos y reforma electoral que le dé poder a los ciudadanos y no a las cúpulas, las que dominan la política mediante el caduco sistema de listas operando sobre circunscripciones inmensas), la gobernabiliad (es necesario que las coaliciones sean compromisos serios y no meros cálculos electorales sobre la rentabilidad de cuándo estar y cuándo salirse del gobierno, lo que se logra con la figura del Primer Ministro) o la economía (las tasas impositivas y de interés hacen inviables a las empresas y fuerzan a crear un país de mentira).

El tema es sencillo. Hay que resolver que no queremos ser una República
bananera. Pero hay que resolverlo rápido. Y no está de más recordarles a los indolentes de hoy, que la indolencia (frente al contrabando, al narcolavado, la corrupción política, etcétera) es una figura penal. *

(*) Periodista