Abogada del Mvotma "tranquiliza" a morosos del SIAV en San José

Semanas atrás este matutino daba cuenta del testimonio de una madre de cinco hijas menores, que denunciaba haber sido maltratada en el Juzgado de San José, particularmente por «abogados ministeriales». Se refería, al igual que lo hicieron varias personas y familias más, desde hace meses, en distintas entrevistas y reuniones, a la actuación de la doctora Villar. Ella, en representación del Mvotma, cumple con tareas de contralor previstas dentro del sistema SIAV (Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda), en el departamento josefino y también en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. La funcionaria ministerial que atiende aproximadamente a unos 35 complejos  compuesto cada uno por entre 50 a 70 fincas , se vio «dolorosamente afectada», según consideró, tras la publicación de esta nota que relataba cómo la madre y sus hijas no habían podido pagar más el alquiler de la casita donde vivían, por ello habían ocupado «indebidamente» una construcción del SIAV que estaba deshabitada y este hecho, a la postre, las enfrentó a Villar y a otros colegas suyos. Esta es la versión de la mujer, que expresamente denunció haber sido tratada de «delincuente» por los profesionales del derecho y acusada de cometer el «delito» de ocupar la vivienda en calidad de «intrusa». Además, manifestó, la «amenazaron».

Así Villar se contactó con LA REPUBLICA defendiendo con firmeza, pero con calma y amablemente, su derecho a contar su versión de los hechos. Explicó, en primer término, algunas pautas generales del SIAV relativas a «establecer de dónde salen los recursos para construir complejos habitacionales, que es: el 1% de los ingresos de todo trabajador formal y los pasivos que habitan en el Uruguay». En segundo lugar, señaló que los adjudicatarios han llegado hasta la vivienda mediante un proceso previo de inscripción y postulación. La tercera «gran idea» relativa al tema tiene que ver con el desarrollo del nuevo barrio, de esa nueva comunidad así creada: «Es lo que llamamos un programa por zona», trata de la «convivencia» que se crea entre los adjudicatarios. Acá importa «qué es lo que quiere la sociedad (…) haber invertido bien ante los núcleos familiares como en el desarrollo de esa comunidad. El tema del Ministerio no termina cuando se entrega la casa, el tema es (además) desarrollar una serie de cosas: bibliotecas, policlínicas, parques (…)», ejemplificó Leticia Villar.

La doctora se refirió entonces a un punto de la «metodología de trabajo» relativo a las ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), que han licitado independientemente para el caso de cada complejo, de acuerdo a un proyecto que se supone llevan adelante. Justamente este punto en San José ha originado fuertes debates, ya que el relacionamiento entre las ONGs y muchos de los adjudicatarios no es el mejor. Para varios de estos últimos, las primeras no sirven, no son necesarias en la gestión del complejo en cuestión, «y sólo están para currar».

Villar envió un mensaje claro a los maragatos adjudicatarios, a los interesados en serlo y a la opinión pública en general: «Rige el principio de igualdad entre los inscriptos, los que aún hoy aguardan por viviendas, entre los adjudicatarios que están cumpliendo con el sistema y entre aquellos adjudicatarios que no están cumpliendo con el sistema. Pero cada caso es un mundo, entonces, los citamos para estudiar cada uno de sus casos. En el caso específicamente de la morosidad, los citamos y queremos que ellos nos vengan a hacer la propuesta (de pago, para ponerse al día), esa es la verdad».

El problema que enfrentó a familias con funcionarios del Mvotma y representantes de las ONGs, sintéticamente se suscitó por el altísimo porcentaje de morosidad existente en el pago de las dos unidades reajustables que a cada familia adjudicataria exige el sistema SIAV. Una de esas unidades va para la ONG y la otra para las necesidades comunitarias que exige el mantenimiento del complejo. Según la doctora Villar, que desestimó por completo haber maltratado a nadie  y a quien apoyaron muchos colegas en comunicación con LA REPUBLICA , hay quienes «no pagan porque no quieren» y así impiden el acceso a la vivienda a gente que de veras la necesita y que, positivamente, tendría más derechos.

La verdadera actitud para con los morosos, indicó Villar, ha sido la de buscarles «una propuesta de pago, que puede ser monetario o muchas veces hemos llevado a que ellos invirtieran horas de trabajo en el barrio. ¿Todo eso cómo se hace? Se labra un acta». Subrayó que el labrado del acta es importante en tanto se constituye en garantía tanto para la persona tratada por el funcionario público, como para el mismo funcionario, «porque a las palabras se las lleva el viento». Además, destacó expresamente el rol de la prensa, «para concientizar y educar». Expresó que su posición es mantenerse «muy abierta al diálogo, pero diferenciando a aquellos morosos que no pueden pagar de los que no quieren pagar, esa diferencia sí la vamos a hacer, ¿cómo? mediante los informes técnicos».

A modo de primicia reveló que ha sugerido al director nacional de Viviendas que se extienda el plazo para los vencimientos de pago de todos los complejos habitacionales en San José por un año y medio, hasta dos años más. Originalmente, el proyecto de pago es de cinco años y cientos de familias de todo el país se encuentran hoy al borde del término del plazo, manteniendo importantes situaciones de morosidad. Esto genera una enorme ansiedad ante la posibilidad concreta de desalojo.

En este momento, pues, se aguarda la respuesta del director nacional de viviendas y Villar concluye que en tanto es fundamental «no crear pánico (….) que todo el mundo sepa que va a tener las garantías necesarias y que se sabrá diferenciar (en cada caso), principalmente, por un tema de justicia social, a aquellos que no pueden, de los que no quieren (ponerse al día con el pago de sus UR)». *