Rige la reforma de la ley de extranjería

La ley española sobre extranjería fue reformada por tercera vez y entró en vigencia promovida por el gobierno del Partido Popular (PP) con el apoyo del principal grupo de la oposición, el Partido Socialista, mientras fue criticada por numerosas Organizaciones de inmigrantes.

La reforma de la ley afecta a 20 artículos de los 70 que contiene toda la norma trayendo consecuencias para las comunidades extranjeras establecidas en España.

Los extranjeros que han viajado a España y no han utilizado su billete de vuelta, deben ser denunciados por la líneas aéreas y en caso de incumplimiento son multadas con 60.000 euros.

El presidente de la asociación española de compañías Aéreas (AECA), Felipe Navío, dijo que «no se pueden cargar al transportista labores gubernativas que no son de su cometido ni de su alcance».

La reformada ley permite a la policía acceder a los datos del padrón municipal de los inmigrantes, requisito imprescindible para el acceso a la sanidad y a la educación públicas.

El Instituto Nacional de estadística (INE), indicó que viven en España sin permiso de residencia 1.176.000 individuos.

El delegado del gobierno para la extranjería, Gonzalo Robles, dijo que se quiere promover la inmigración pero legal, organizada y que será «duro con las mafias que trafican con los seres humanos».

El reagrupamiento familiar se dificulta con la reformada ley ya que los familiares directos del cónyuge del residente extranjero no tendrán más derecho al permiso de residencia y los que cometan delitos graves serán expulsados rápidamente.

Habrá un visado provisional de tres meses de duración para buscar un puesto de trabajo y si en ese período los inmigrantes no lo han encontrado deben marcharse. Las ONG y los sindicatos criticaron la nueva ley afirmando que priva al inmigrante de derechos básicos. La organización SOS Racismo anunció que pedirá al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma, ya que «acentúa las restricciones de derechos que ya supusieron las anteriores reformas y es contraria a algunos principios que la constitución garantiza para todos los ciudadanos, con independencia de su origen».

SOS Racismo alertó que ahora se podrá denegar cualquier solicitud de permiso de residencia con la simple apertura de un expediente de expulsión. Este año fueron expulsados 90.000 inmigrantes.

Uno de los colectivos más afectados por la entrada en vigor de la nueva ley es el argentino, que alcanza a 80.000 personas en España mientras que 250.000 españoles y descendientes viven en Argentina. *