Suprema Corte de Justicia dejará de pagar tributo a la Intendencia de Montevideo por falta de fondos

En medio de la disputa por la situación presupuestal del gobierno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique, explicó que la SCJ tiene necesidades nuevas para las que los fondos no alcanzan, lo que hace que el trabajo se cumpla con dificultades.

«Algunas cosas como las tasas de saneamiento no vamos a pagarlas», dijo Pérez Manrique a El Observador TV. «Pasaremos a ser morosos y habrá que negociar con la intendencia. Del 2015 al 2016 pasaron una cantidad de facturas impagas que hay que cubrir», agregó.

La medida incluye también una serie de disposiciones tomadas por un comité de crisis, que tiene el objetivo de realizar un plan para afrontar el año y denunciar que los recursos son insuficientes para cumplir con las obligaciones.

La justicia seguirá trabajando, afirmó, pero “el servicio se va a cumplir con dificultades”. Entre otras cosas, el jerarca nombró la falta de papel, las políticas de ahorro de energía y la renuncia a las certificaciones de salud para los funcionarios como medidas para poder continuar con la labor.

«La perspectiva que tenemos es que no llegamos a fin de año porque estamos recibiendo valores al año 2010, entonces hay una cantidad de necesidades nuevas y otras que se han incrementado. Tenemos más gastos y todo esto en un plano donde hay que mantener la actividad», explicó.

Reunión con autoridades

Pérez Manrique aseguró que la corporación ya inició las gestiones necesarias para coordinar una reunión con las autoridades del Poder Ejecutivo para discutir el presupuesto. Hasta ahora, solo hubo una reunión entre la SCJ y el presidente Tabaré Vázquez, que se llevó a cabo durante el primer mes del nuevo mandato.

Sin embargo, durante el debate presupuestal la Corte no recibió fondos incrementales, por lo que sus reclamos se hicieron más fuertes.

En cuanto a las acusaciones astoristas de que la SCJ está realizando un “avasallamiento” a la competencia del Poder Legislativo y de que el procedimiento del Poder Judicial genera «riesgo institucional», Pérez Manrique respondió: «cuando oigo hablar de riesgo institucional yo pienso que se están por caer las instituciones y por caer el estado de derecho».

«El poder judicial tiene la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. No entendemos qué competencia podemos estar afectando cuando estamos ejerciendo una competencia exclusiva nuestra que es hacer cumplir la constitución», agregó.