INCONSTITUCIONAL

Corte de Justicia declara inconstitucional Ley que fijaba incremento salarial a judiciales

La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales tres artículos de la Ley 19.310 que estableció ajustes de retribuciones de un 8% para los funcionarios judiciales y registrales.

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Se dispuso que las deudas por juicios contra el Poder Judicial se pagarán con recursos propios, no del Poder Ejecutivo.

La Ley resultó aprobada en diciembre de 2014, durante el gobierno de José Mujica, como una solución al extenso conflicto que mantenían los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio de Educación -fiscales y registrales-, quienes reclamaban un ajuste del 26% que les correspondía por la Ley presupuestal de 2011.

Tras la aprobación de la Ley por parte del Parlamento y su posterior promulgación por el Ejecutivo, tres de los principales artículos de la iniciativa fueron recurridos por un grupo de funcionarios.

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En tal sentido, este lunes, la Suprema Corte de Justicia se pronunció sobre el recurso, y declaró inconstitucionales los artículos 2, 8 y 9 de la ley 19.310.

Tras la decisión de inconstitucionalidad, tales artículos no se podrán aplicar para los recurrentes.

El máximo organismo judicial, que este lunes se pronunció sobre el recurso, estuvo integrado en forma excepcional por los ministros de Tribunales de Apelaciones Eduardo Turell, María Victoria Couto, Graciela Gatti, Loreley Pera y María Cristina Cabrera.

Uno de los aspectos más polémicos de la normativa fue el referido a los aumentos de salarios sujeto al acuerdo de la mayoría de los funcionarios. En el artículo, declarado inconstitucional, se facultaba al Ejecutivo a asignar al Poder Judicial una partida extraordinaria y por una sola vez de hasta 459 millones de pesos.

También se dispuso que las deudas por juicios contra el Poder Judicial se pagarán con recursos propios, no del Poder Ejecutivo.

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, dijo que esperaba el fallo para saber cuánto aumento debía otorgarle a los funcionarios judiciales, que aún se encuentran en conflicto por ajustes de salario y presupuesto para el Poder Judicial.

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