Parlamentarios de América Latina proponen un cambio de modelo en combate a las drogas
Parlamentarios de América Latina emitieron una declaración en la que resaltan el derecho de los países a implementar nuevas políticas de drogas que no se basen en la represión, que tengan un enfoque de salud pública y que promuevan, entre otras, la desarticulación de la alianza entre el narco crimen y la institucionalidad de los Estados.
Días pasados se realizó en Montevideo un encuentro de legisladores de varios países latinoamericanos que participaron en del Seminario Internacional: “Nuevos enfoques en Políticas de Drogas en el Siglo XXI”.
Tras el seminario, los parlamentarios emitieron una declaración con el objetivo de impulsar una base común de debate a nivel nacional, regional y global, y promover la constitución de plataformas de acción a futuro con énfasis en la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas – UNGASS 2016.
En la declaración se establece “el compromiso de impulsar estrategias basadas en la perspectiva de los derechos humanos y de género con un claro enfoque en la salud pública y con el objetivo de atacar la corrupción y la impunidad, fortaleciendo además las medidas para ubicar los recursos provenientes del narcotráfico en el sistema financiero mundial”.
El fracaso
También se advierte que “la guerra contra las drogas ha fracasado y que ha generado efectos colaterales negativos en la sociedad, entre los que se destaca la alta tasa de violencia, el hacinamiento carcelario, el colapso de los sistemas de justicia y la corrupción generalizada”.
Se señala, además, que en lugar de perseguir a los eslabones más débiles de la cadena de comercialización y consumo, “sería primordial llevar adelante políticas que apunten a desmantelar las estructuras que controlan el comercio ilegal de drogas y sus negocios colaterales”.
Los parlamentarios también se comprometen a “avanzar en las políticas de drogas relacionadas a la despenalización efectiva del porte y uso personal, a reevaluar la proporcionalidad de las penas en materia de delitos vinculados a drogas así como considerar medidas alternativas a la privación de libertad”.
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