Maestros aprobaron nuevo paro para setiembre aunque prosiguen negociaciones con el gobierno en búsqueda de un acuerdo
La Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) resolvió este sábado realizar un nuevo paro nacional de 24 horas para la primera semana de setiembre, si el gobierno continúa con la medida de esencialidad. Este domingo se reúne la Federación de Profesores de Enseñanza de Secundaria (FENAPES). De todos modos prosiguen las negociaciones al más alto nivel.
En el marco de intensas negociaciones entre autoridades de gobierno y dirigentes sindicales, para lograr un acuerdo en el extenso conflicto de la educación, este sábado se reunió la mesa representativa de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM).
Si bien la FUM resolvió realizar un nuevo paro nacional de 24 horas para la primera semana de setiembre, si el gobierno decide no levantar el decreto de esencialidad, de todos modos son horas de búsqueda de acuerdos entre el gobierno y los representantes sindicales.
Por su parte, este domingo se reunirá la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES).
En la noche del viernes, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, exhibió a los delegados de los sindicatos de la enseñanza una declaración del gobierno que deja sin efecto el decreto de esencialidad, si se logra un acuerdo, y aseguró que existen propuestas, en borrador, de parte del Ejecutivo, que mejoran algunos aspectos salariales.
El lunes 31 caduca el plazo constitucional para que el gobierno envíe al Parlamento el proyecto de Ley de Presupuesto nacional con las mejoras de las retribuciones personales.
“Queremos que para los trabajadores de la enseñanza, maestros, profesores y no docentes tengamos el mejor Presupuesto posible y, además, acordado con los sindicatos”, dijo Murro.
Posibilidades
Si no existe un acuerdo, el gobierno deberá aplicar el decreto de esencialidad a partir del mismo lunes.
Por su parte, los gremios de la enseñanza ya han redactado el recurso por el cual impugnan el decreto de esencialidad del gobierno en el entendido de que el mismo “violenta derechos humanos fundamentales y provoca daños irreversibles”.
Asimismo indican en el recurso que el acto administrativo impugnado “causa agravio a los comparecientes constituyendo un impedimento al legítimo ejercicio del derecho de huelga y entraña una violación flagrante a las normas nacionales e internacionales”.
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