Sindicatos evalúan denunciar al gobierno ante organismos internacionales por esencialidad de la enseñanza

Este lunes, luego del Consejo de Ministros, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, anunció que el gobierno decretó la esencialidad de la educación a partir del miércoles 26 y por treinta días, para Primaria, Secundaria y UTU.

“Debemos garantizar el derecho de asistencia a clase de los niños y adolescentes del país”, dijo la jerarca de gobierno.

Muñoz aseguró que el compromiso que firmaron las partes el viernes 21 “se mantiene en su totalidad, al igual que las puertas abiertas para seguir dialogando”.

Malestar y protestas

Luego del anuncio de la jerarca de gobierno, los gremios se manifestaron de inmediato contra el decreto de esencialidad.

Maestros y profesores nucleados en la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) realizaron una marcha desde la Torre Ejecutiva hasta Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Los docentes y maestros ingresaron a la sede ministerial con carteles y cánticos en contra de la decisión del gobierno.

En ese marco, el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES), Manuel Oroño, dijo -en declaraciones a El País-, que la esencialidad “es un despropósito” . Aseguró que la decisión del gobierno cayó mal a los docentes.

No descartó realizar denuncias ante organismos internacionales, pero para ello aclaró que debe analizarse la “letra chica” del decreto.

Por su parte, la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) expresó que decretar la esencialidad  es un procedimiento “absolutamente reñido con los principios jurídicos nacionales e internacionales, ya que las medidas de paro y huelga en la educación no afectan en modo alguno ni la vida, ni la seguridad, ni la salud de nuestros estudiantes”.

“Al adoptar esta medida, el gobierno no hace más que refrendar lo que nuestro sindicato denuncia desde hace años: confundir educación con guardería. Lo único que importa a quienes gobiernan es que alguien cuide a los niños y adolescentes mientras sus padres son explotados en el mercado de trabajo por míseros salarios”, sentenció ADES.

Se manifestaron en el mismo sentido de presentar reclamos ante organismos nacionales e internacionales.

Indican que la esencialidad representa una “violación del derecho de huelga establecido en el artículo 57 de la Constitución de la República que es un derecho fundamental incluido en la Declaración de Derechos Humanos, y que está enmarcado en los principios inderogables”.

Aseguran que también se “contraviene el Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su artículo 3, por el que se dispone que la autoridad pública se abstendrá de afectar la actividad sindical”.

Asimismo, recuerdan que la esencialidad “atenta la promoción de la Negociación Colectiva, según las Leyes 12.598 y 15898, que impone el deber de previa gestión conciliatoria del Estado; y que el Convenio número 151 de OIT, ratificado por la legislación uruguaya, artículo 8 también lo establece”.

Entretanto, la Asociación de Maestros del Uruguay (ADEMU) entiende que  la esencialidad es una medida “muy fuerte que corta el diálogo”.

El Sindicato de la UTU ocupó este lunes, antes de conocerse el decreto de esencialidad del gobierno, el local del Instituto Técnico de Informática del Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU) de la calle Durazno esquina Yaguarón.

Según se indicó desde el sindicato, se ocupó dicho local en forma simbólica ya que se encuentra en “deplorables” condiciones edilicias, por lo cual reclaman, además de las mejoras salariales y presupuestales, la reparación de las instalaciones.