La cantidad de municiones desaparecidas en Durazno serían más de las denunciadas en principio
El diputado del Partido Nacional, Jaime Trobo, afirmó que la cantidad de municiones desaparecidas de la Base Aérea de Santa Bernardina, en el departamento de Durazno, podría ser superior a las denunciadas originalmente.
En un principio se hablaba de 18 mil unidades pero esta cifra sería “bastante superior” según dijo al diario El País el legislador nacionalista.
En primera instancia el legislador había denunciado la desaparición de 20 mil proyectiles para ametralladora de los aviones Pilatus que la Fuerza Aérea tiene en Durazno. Tras iniciar una investigación en el lugar, el subsecretario de Defensa Nacional Jorge Menéndez confirmó el hecho y precisó que eran 18.000 las municiones robadas entre diciembre de 2014 y marzo de este año.
La denuncia dio paso a una intervención del juzgado de Crimen Organizado al frente del cual se encuentra la jueza Adriana de los Santos y donde actúa como fiscal Juan Gómez.
Ahora, Trobo recibió nueva información en cuanto a que las municiones desaparecidas serían más, lo cual obviamente agravaría el problema.
Según se informó el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro se comunicó telefónicamente con Trobo para informarle que el pedido de informes relativo a la desaparición de las municiones y los procedimientos de contralor «será respondido en el más breve plazo», y que las respuestas se están elaborando en base a las investigaciones internas que se realizan.
Derivaciones políticas
Trobo le adelantó que la gravedad del asunto «inevitablemente tendrá derivaciones políticas».
«No descartamos ninguna acción parlamentaria para exigir las responsabilidades que correspondan frente a este grave hecho», dijo, para añadir que mira «la actuación de las jerarquías del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea con detalle» porque no quiere «que el hilo se corte por el lado más fino».
«Es una vergüenza que el ministerio admita que realiza una denuncia luego de que conoce un hecho por el planteo de un parlamentario, y peor aún cuando ese hecho ocurrió hace más de seis meses. Esa es la prueba de admisión de incapacidad para controlar y debilidad para mandar», subrayó.
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