Sindicato policial reclaman se regularice pago de efectivos que están bajo juntas médicas

El vicepresidente del sindicato a nivel nacional, Alejandro Álvarez, dijo al diario El Telégrafo de Paysandú que “si bien están amparados en la Ley 18.405, algunos casos son bastante críticos y se han logrado solucionar a raíz de la aplicación de la ley y el seguimiento de la patología de los involucrados.

De hecho, lo menciona el artículo 10 de esa ley que establece el amparo en un beneficio transitorio durante tres años y su reinserción en un ámbito idéntico. Esto no se cumple en su totalidad y generó diversos encuentros con las direcciones del centro hospitalario y la Caja Policial, además de la oficina de Asuntos Internos”.

En el caso de Paysandú, “hay varios efectivos que debieron dedicarse a otras tareas. Por ejemplo, un funcionario local hace tres años que no percibe su salario ante un error administrativo, de acuerdo a nuestra interpretación, porque quedó amparado en la órbita de Sanidad Policial a disposición de la junta médica en 2011.

Luego de realizarse las evaluaciones correspondientes en la Junta Nacional de Aptitud, este trabajador quedaba a disposición. Sin embargo, por algún atraso administrativo no se informó a la Jefatura, se labró un sumario administrativo por faltar al servicio con la suspensión del salario, con énfasis en una orden interna del ministerio.

Esto derivó en un c»omplejo problema económico y familiar del afectado”.
Posteriormente, según Álvarez, “ese mismo año vino la resolución de las juntas médicas donde indicó que sus funcionarios debían ampararse en el artículo 7 de la Ley 18.405, donde establece su pase a retiro si tiene causal.

Ese expediente no fue informado al funcionario a tiempo y permaneció más de un año sin ubicarse.

Finalmente logramos que los expedientes paralelos se juntaran y se realizara una investigación interna en Montevideo. Esto llevó diez meses de gestiones”, resumió.

Compromiso de autoridades

El lunes pasado, el SUPU se reunió con la dirección de la Caja Policial y la comisión de Asuntos Laborales de la oficina de Asuntos Internos del ministerio, donde se plantearon los atrasos del reintegro. Ante el caso específico del funcionario con más de tres años de afectación, “las autoridades se comprometieron a otorgar una solución en base a las ayudas económicas que brinda la Tutela Policial”, señaló.

El próximo mes se realizarán nuevas reuniones “para seguir de cerca diversos casos de similares características, algunos con la orden de reintegro desde marzo pasado y sin efectivizar”, dijo Álvarez.