Tribunal del Apelaciones respalda al Interior en mantener en secreto software de vigilancia
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno decidió no hacer lugar al pedido de acceso a la información sobre el software de vigilancia del Ministerio del Interior denominado El Guardián, que había solicitado el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo).
El Guardián es un sistema informático de vigilancia, que el Ministerio del Interior adquirió a un costo de 2 millones de dólares en 2013. Es capaz de intervenir correos electrónicos, redes sociales, comunicaciones telefónicas, y reconocer palabras clave entre los términos que circulan para intervenir en su captura o escucha.
A raíz de ello, Cainfo solicitó conocer datos de regulación del uso del sistema. Debido a que la organización no obtuvo respuestas de parte del Ministerio del Interior, presentó una demanda.
Dicha petición de acceso a la información pública había recibido un fallo contrario en primera instancia, pero Cainfo presentó una apelación.
Luego de la segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, confirmó la posición esgrimida por el cuerpo de abogados del Ministerio del Interior, de tal modo que confirmó la sentencia de primera instancia dando la razón nuevamente a la secretaría de Estado.
La sentencia
En el dictamen se establece que “a juicio del Tribunal, la sentencia apelada no vulnera el derecho de acceso a la información que postula la parte actora y por ello correctamente desestimó la demanda”.
“La parte actora pretendió el acceso a información claramente cubierta por el secreto, y solamente después de la contestación, en el alegato final y en la apelación, buscó de modo procesalmente inadmisible cambiar su demanda luego de haber sido contestada”, se indica en la resolución.
Según el Tribunal, “parece obvio que el secreto de la operación de adquisición del sistema operativo El Guardián, avalado por el Tribunal de Cuentas, radica no solamente en la compra en sí misma (que, incidentalmente, no fue oculta) sino que también alcanza a las características técnicas del producto adquirido, por simples razones de seguridad y protección de los derechos de todos los habitantes que se busca tutelar mediante la prevención y represión de ilícitos, a través del empleo de instrumentos como el adquirido”.
También confirmó la argumentación de la defensa, al indicar que “un instrumento para el combate del delito y la difusión pública de sus fortalezas y debilidades podría frustrar el empleo en esa tarea, dejándola librada a la actividad de hackers y/o personas que ilegítimamente pretendan obstaculizar o impedir investigaciones o represiones sometidas a control jurisdiccional”.
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