Expresos políticos presentan al gobierno iniciativas para fortalecer el trabajo de la Justicia en casos de detenidos desaparecidos

Crysol entregó este miércoles al prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, un serie de propuestas que tienen como objetivo “aportar a la tarea del grupo de trabajo por Verdad y Justicia que será creado por el gobierno.

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, anunció el pasado 1º de marzo que entre las primeras acciones de gobierno en materia de derechos humanos está la constitución de un grupo de trabajo por Verdad y Justicia, cuyo cometido esencial será la investigación de los crímenes cometidos en el marco de la dictadura.

“Este grupo profundizará en el análisis de los archivos existentes y búsqueda de información relevante en la materia, organizará el registro de testimonios de víctimas o familiares sobre delitos de lesa humanidad, hará el seguimiento del cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado tanto a nivel nacional como internacional y abordará otras acciones conducentes al objetivo planteado”, dijo.

En ese marco, expresó: “Aquellas personas u organizaciones que crean tener una propuesta mejor que la que hemos anunciado, por favor, que la presenten formalmente a Presidencia de la República para su debida consideración”.

Las propuestas de Crysol

La asociación de expresos políticos del Uruguay presentó un documento con siete iniciativas destinadas a fortalecer el trabajo de la Justicia en la investigación sobre casos de detenidos desaparecidos en dictadura.

Dichas medidas pasan por “liberar de la carga rutinaria de trabajo a todos los juzgados penales que en la actualidad estén tramitando causas de derechos humanos a efectos que puedan dedicarse con exclusividad a las mismas”.

También proponen la creación de una “fiscalía responsable de las causas de derechos humanos del pasado reciente y el fortalecimiento y jerarquización del accionar de la unidad especializada de apoyo a la Justicia creada en el Ministerio del Interior”.

Formulan “el necesario apoyo y respaldo, tanto legal como psicológico, a las víctimas y familiares que están impulsando y promoviendo las causas judiciales y la implementación de la disposición legal vigente de someter a Tribunales de Honor a todos los militares procesados y con sentencia firme”.

Asimismo, hacen mención a la potestad del Estado de “repetir o ir contra de los responsables de acciones que han generado perjuicios económicos por los costos incurridos en materia de indemnizaciones y la necesidad de desarrollar campañas públicas exhortando a brindar información relevante que permita hallar los restos de los detenidos desaparecidos”.