Intereses corporativos inviabilizan las finanzas de la Caja universitaria

Lo que está en juego es la viabilidad financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios  una persona jurídica de derecho público no estatal  que cuenta con casi unos 70 mil afiliados que recibe prestaciones de variado tipo.

La incorporación al padrón social de nuevas profesiones compromete el futuro de las prestaciones.

Un anteproyecto de ley elaborado en el año 2001, con soluciones al respecto, está a consideración de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes. Ayer no fue aprobado en la Comisión de Seguridad Social de Diputados.

Ayer, el anteproyecto no fue aprobado por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes. Hoy, por lo tanto, no será aprobado en la Asamblea General. Podrían pasar tres años antes que vinieran las soluciones.

Profesiones recientes piden ingreso a la Caja

Un grupo de magistrados, atrapados desde 1996 por los bajos topes impuestos por el Banco de Previsión Social (BPS), quieren ser contemplados por la ley en discusión para pasar a recibir los beneficios jubilatorios que ofrece la Caja universitaria, aunque nunca hayan ejercido como abogados, ni hayan realizado los aportes correspondientes. El problema, para la Caja, está en saber quién pagará por ellos.

Algo similar ocurre con los sicólogos. Obtuvieron reciente reconocimiento como profesionales universitarios. Pero también hay otras nuevas carreras que pujan por acogerse a los beneficios de la vieja caja. Ciencias de la Comunicación es otro de los casos, aunque está más lejos de alcanzar un status universitario; diferente es la situación de las profesiones paramédicas. Otro tanto sucede con diversas áreas del conocimiento que han adquirido una solvencia académica. Tal es el caso de las diferentes especializaciones de la informática.

La Caja, simplemente, no puede pagarle a todos los nuevos afiliados. Y además está en mala situación financiera por la crisis económica que afectó a sus afiliados. Uruguay tiene centenares de profesionales en la tercera edad que no pueden jubilarse, sencillamente, porque deben años de aportes al fondo de solidaridad intergeneracional.

Las fuerza de «los lobbys»

Creada el 13 de agosto de 1954 por la Ley 12.128, la vieja Caja universitaria enfrenta hoy problemas nuevos. La fuerza de los «lobbys» de las nuevas profesiones se hace sentir. Pero como explica el presidente de la institución, el arquitecto José Luis Canel, no se trata de un problema de mala voluntad.

«No nos oponemos a la iniciativa que tengan las nuevas profesiones de incorporarse al régimen de la caja», aseguró Canel. «Pero los aceptamos en la medida en que no generen costos para la Caja», explicó.

Según afirmó, «la Caja aspira a integrar todas las carreras de universidades reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura», incluso «las que no existían hasta hace poco».

El anteproyecto a consideración del Poder Legislativo transfiere los costos de las prestaciones a las nuevas profesiones al Tesoro de Rentas Generales: la Caja universitaria actuaría como un simple ventanilla de pago con fondos públicos.

«Admitiremos todas las carreras que obtengan un debido reconocimiento social como tales», sentenció Canel.

La incorporación de las nuevas profesiones había sido incluido por el Poder Ejecutivo en el mensaje complementario del anteproyecto presentado.

«El gobierno recogió la iniciativa para resolver un problema político», dijo Canel, al precisar que los magistrados «atrapados» por el régimen jubilatorio de 1996 «no supera las 200 o 300 personas».

En su plantilla de afiliados, la Caja tiene unos 35 mil socios en actividad profesional, unos 25 mil que declaran no estar en ejercicio de la profesión, y unos diez mil jubilados y pensionistas.

«La relación es buena entre activos y pasivos», indicó Canel. «Es casi de dos a uno: dos que aportan y uno que recibe; el problema estaría en que la incorporación de nuevas profesiones desbalanceará nuestras cuentas».

Canel manifestó a LA REPUBLICA que «la inclusión de nuevos colectivos de profesionales» implicaría una modificación en el anteproyecto.

Y una modificación de un anteproyecto que ya recibió sanción de la Cámara de Senadores, implicaría, necesariamente, que el mismo tendría que volver a consideración de esa cámara, por tratarse de una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.

«El anteproyecto quedaría para ser tratado de nuevo en el 2006 porque el 2004 es año electoral y el 2005 será el primer año del nuevo gobierno», estimó el presidente de la Caja. «Es improbable que vuelvan a tratarlo en menos de tres años», se lamentó.

En opinión de Canel, «todo proyecto es mejorable; pero mejor sería que este proyecto se apruebe como está; ya habrá tiempo para plantear mejoras».

El proyecto equipara ambos sexos para edad jubilatoria

El anteproyecto respaldado por la Caja universitaria preserva los principios de la solidaridad intergeneracional. Exige treinta años de actividad profesional para configurar la causal jubilatoria y establece una categoría por ingreso ficto de los últimos tres años. Faculta además al Directorio de la caja en su artículo 106 a flexibilizar criterios, en acuerdo con la Comisión Asesora de Contralor, que actúa en forma honoraria, para otorgar prestaciones por encima de un 60% del ficto declarado, en casos especiales y justificados.

Equipara, por otra parte, la edad de jubilación para hombres y mujeres a 65 años, tras un período de transición. Antes las jubilaciones eran por el 65% del ficto, ahora por el 60%.

La equiparación tiene sus motivos, explica Canel: «En cinco años las mujeres serán mayoría en todas las profesiones; sólo Agronomía tiene mitad y mitad de estudiantes hombres y mujeres».

Para Canel, la situación se resume en un pensamiento: «No podemos pensar en mantener privilegios para mujeres que en tan poco tiempo pasarán a ser la mayoría de los afiliados a la Caja».

El presidente de la Caja se mostró especialmente entusiasta con la idea de incorporar nuevos colectivos de profesionales jóvenes que ampliarían la base de aporte que recibe la Caja.

«Sería positivo para todo el sistema de seguridad social del país», advirtió. Explicó luego que «pocos profesionales» se registran como empresas unipersonales en el BPS cuando no están amparados por la Caja.

«Son profesionales que no se registran; si lo incorporamos a la Caja, los incorporamos al sistema uruguayo de seguridad social; no estaríamos robando contribuyentes al BPS porque son personas que nunca eligieron registrarse». Canel consideró, por último, que la Caja, por su propia naturaleza, está en mejores condiciones que el BPS para controlar la recaudación y realizar los aportes de las jubilaciones y pensiones de los profesionales universitarios. *