ELABORARAN UN PROYECTO ALTERNATIVO QUE MEJORE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA QUE SE IMPARTE HOY

Gremios de la enseñanza denuncian la "mercantilización" de la educación

Los gremios de la enseñanza ofrecieron ayer una conferencia de prensa para anunciar la realización de una mesa redonda, que se llevará a cabo el próximo 5 de agosto en el Paraninfo de la Universidad. A partir de allí se construirá un proyecto en común, que planteará una alternativa global a temas que atañen a la enseñanza y que repercuten en su calidad. Básicamente se discutirá la reforma educativa, implementada en el año 1996 y el «proceso de mercantilización» del que según los sindicatos adolece la educación pública.

«La idea es tratar de recomponer una visión global de los procesos que se viven en la educación pública. Esperamos enriquecer la visión que tiene cada uno, donde sufrimos la implementación de la reforma educativa, también las tendencias más generales a nivel de la educación pública, que tiene que ver con una mayor incidencia de lo que puede ser el mercado, en cuanto a las directrices y principales características de nuestro sistema educativo», expresó Milton Silveira, dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).

Se destacó en la reunión, la necesidad de proponer alternativas generales partiendo de la propuesta particular de cada gremio y de evitar que la discusión se remita a meros testimonios denunciativos.

 

Sin intervención

Sergio Sommaruga, representante del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas (Ceipa), manifestó que la educación pública padece un grave proceso de privatización y mercantilización.

«Cuando hablamos de privatización no hablamos simplemente de una transferencia sui generis de responsabilidades públicas hacia lo privado cuando estos son rentables, sino que hablamos en el caso concreto de la educación pública –en lo que respecta a primaria, secundaria y formación docente– de la privatización en la toma de decisiones, puesto que hay un organismo que es el que resuelve e instrumenta políticas educativas, que marginó las estructuras públicas y que tiene privilegios en los mecanismos, como son el Mecaef en Primaria y el Menfod en Secundaria y formación docente.»

En este punto, Sommaruga hizo referencia a la situación económica del país y dijo que los recursos destinados a la educación son utilizados para otros fines »son dirigidos a esta sangría económica que es la deuda externa».

Agregó que se transfieren actividades rentables a los sectores privados y se obliga a los sectores públicos a tener que ‘mercantilizar’ sus servicios a los efectos de compensar esos faltantes de fondos. «Ahí tenemos un proceso de mercantilización muy claro en cuanto a quién toma las decisiones en materia educativa de este país. ¿Es el Codicen o el Menfod?, ¿es Javier Bonilla o Renato Opertti, un funcionario pago por el Banco Interamericano de Desarrollo?», se preguntó el representante de los estudiantes del IPA.

El dirigente sindical aseguró que desde esos organismos se resuelven las políticas educativas, sin que exista un contralor, «hay una expropiación de la capacidad y del derecho de intervención resolutiva a los docentes, egresados y estudiantes.»

 

Fábrica de pobres

Silveira coincidió con el gremialista del Ceipa y afirmó que la falta de recursos económicos habilita a recurrir a fuentes de financiación privada e imprime una lógica privada al accionar y a la producción académica universitaria. Asimismo mencionó la necesidad de autonomía de la educación, puesto que «los intereses privados entrarían a marcar lo que puede ser el desarrollo y la producción científica del país, con la importancia que esto tiene para el desarrollo social y productivo.»

Por último Sommaruga reflexionó acerca del papel de la educación: «El país se ha convertido en una fábrica de pobres.

Es necesario un proceso de transformación de la educación pública al servicio del país. La educación tiene que ser fundamentalmente un proceso de dignificación y humanización de las personas en lo que a ella respecta, estar al servicio de la calidad de vida de los más afectados por un modelo económico que actualmente impera y que privilegia a las minorías ya favorecidas.» *

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