IELSUR asegura que Defensa Nacional no colabora con las causas sobre violaciones a DD.HH

IELSUR se sumó a la polémica que se ha suscitado entre SERPAJ y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.
El secretario de Estado se refirió días pasados a las críticas que realizó SERPAJ, referidas a que él “tiene información sobre detenidos desaparecidos”.

“Es falso lo que dice esa ONG, financiada por las peores fundaciones imperiales. Falso, no tengo información. Si SERPAJ me autoriza a torturar por un mes yo capaz que le consigo información”, ironizó el secretario de Estado.

Ello desató olas de críticas contra el jerarca de gobierno, que provinieron tanto desde filas del Frente Amplio, como desde las más diversas organizaciones de derechos humanos. Primero fue Amnistía Internacional-Uruguay y luego Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Pero Fernández Huidobro contratacó y calificó a SERPAJ de estar vinculado con “grupos nazis”.
En las últimas horas IELSUR sumó su voz en contra de la postura del secretario de Estado.

“Contribuir con conocer la verdad”

“No es necesario torturar para obtener la información, sino simplemente someterse y cumplir con los mandatos de la Justicia cuando ésta solicita ser informada”, expresó IELSUR a través de un comunicado.

El instituto que representa a decenas de víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura cívico-militar (1973-1985), denunció que el Ministerio de Defensa “no tiene una actitud de colaboración con las causas que por violaciones a los derechos humanos que se vienen tramitando ante los tribunales”.

“Tanto es así que en la causa que se tramita ante el Juzgado Penal de 12° Turno, que reúne a más de 90 denunciantes víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes -patrocinados por nuestra institución- que estuvieron recluidos en el Regimiento de Artillería o fueron víctimas de la Operación Morgan solamente la contestación por el Ministerio de tres oficios ha insumido más de un año”, asegura IELSUR.

A la vez, critican que han sido necesarias “varias reiteraciones reclamando la información”.
Indican que también en dicha causa, desde el Hospital Militar “se obstaculizó al Juzgado la obtención de información acerca del estado de salud del militar retirado José ‘Nino’ Gavazzo y otros”.

Aseguran que desde que se reabrieron los casos, luego de declarada inconstitucional la Ley de Caducidad y después de haber sido condenado el Estado en el caso de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman, “se han producido este tipo de demoras que obstaculizan la investigación y contribuyen a la denegación de justicia”.

IELSUR también indica que desde la presentación de las denuncias, “muchos de los denunciantes han muerto”, y aseguran que “no es una ironía afirmar que se trata de situaciones que justifican la necesidad de la pronta colaboración del Estado”.

Afirman que se trata de hechos que “muestran que la actividad desplegada por el Ministerio de Defensa no ha sido la de colaborar eficaz y eficientemente con la Justicia”.

“No es necesario torturar para obtener la información, sino someterse y cumplir con los mandatos de la Justicia cuando ésta solicita ser informada”, remarca la institución. Asegura que en un Estado de Derecho, “lo que se espera de un Ministerio de Defensa en el que rija la máxima verticalidad y en el que realmente se colabore con las investigaciones judiciales es que, al menos, se cumpla rápida y eficazmente con la contestación de oficios, y no se permita que por acción o por omisión se entorpezcan las investigaciones. De otro modo, no están claras las órdenes o no se respeta el mando”.

“Sería mucho mejor para el país que, en lugar de descalificar instituciones de promoción y defensa de los derechos humanos o sembrar elucubraciones paranoicas sobre apoyos externos, el titular de la secretaria de Estado, pusiera ese empeño en transmitir a todos los jerarcas y funcionarios de su Ministerio, que contribuir con conocer la verdad sobre el pasado reciente es un objetivo institucional y que para alcanzarlo, las órdenes de la Justicia se deben respetar y cumplir de forma rápida y eficaz”, sentenció IELSUR.