TRASLADOS

Fiscalía traslada a Diana Salvo antes de emitir opinión sobre posible torturador

La Fiscalía de Corte determinó trasladar a la fiscal penal Diana Salvo a una fiscalía civil, poco antes de que emitiera opinión sobre la situación procesal del capitán retirado Asencio Lucero, quien había reconocido la práctica de torturas contra ex presos políticos durante la pasada dictadura cívico-militar (1973-1985)

Díaz explicó que “el traslado de Salvo forma parte de un conjunto de movimientos que se realizaron en la órbita de las fiscalías».

Salvo estaba a cargo de una indagatoria penal por la denuncia colectiva de “torturas y delitos sexuales” que impulsó un grupo de ex presas políticas, en octubre de 2011.

Según informó el periodista Roger Rodríguez, Salvo se aprestaba a “emitir su dictamen en torno a la situación procesal del capitán (r) Lucero”, quien en su momento reconoció ante la jueza Penal de 16º Turno, Julia Staricco, la aplicación de torturas, entre ellas “plantones, submarino seco y húmedo, picana, tortura psicológica y la desnudez forzada hacia las mujeres”.

A raíz de tales declaraciones, la Justicia dispuso iniciar una indagatoria penal en su contra, en virtud de que sus dichos pueden valorarse como una “confesión” sobre la existencia de torturas en predios militares.

Según el periodista, “el militar se enfrentaba a la posibilidad de ser imputado por el delito de ‘torturas’, o delitos similares”. Por lo cual sería la primera imputación por “torturas” por los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura.

El lugar de Salvo en la fiscalía penal será ocupado por la fiscal Estela Llorente.

Aplicación del Código del Proceso Penal

En ese marco, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, explicó a Caras y Caretas que “el traslado de Salvo forma parte de un conjunto de movimientos que se realizaron en la órbita de las fiscalías, que tienen como trasfondo la aplicación en un futuro cercano del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), por el cual se consagra un sistema acusatorio oral y público, donde la investigación de los ilícitos penales estará a cargo de los representantes del Ministerio Público”.

Díaz remarcó que el traslado “no obedece a razones de índole personal ni a una sanción, sino que forma parte de las políticas de recursos humanos de la Fiscalía de Corte”.

Agregó que el futuro CPP que el Parlamento prevé aprobar antes de fin de año, entrará en vigencia en febrero de 2017 e  implicará un “cambio sustancial en el proceso penal, por lo que se requiere iniciar la capacitación de los operadores, particularmente de los fiscales”.

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