En Día Internacional de la No Violencia hacia Mujeres aseguran que no se registran episodios violentos desde que se usan tobilleras

Bajo la consigna “Por mujeres sin miedo” se realizó la manifestación con la intención fue que miles de personas marcharan vestidas de negro y en silencio para recordar a las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi aseguró que quedó comprobado “que no hubo ningún episodio violento luego de haberse utilizado la tobillera como forma de control”.

“Hubo sí algún intento de romper la tobillera por parte de los denunciados. Ello motivó un aumento de la protección para la víctima”, aseguró el secretario de Estado.

Por ello, el Ministerio del Interior prevé extender el uso a todo el país. En la actualidad se utilizan solamente en Montevideo, Canelones y San José.

Cada 15 días en promedio una mujer falleció víctima de violencia doméstica en los últimos 12 meses, según cifras oficiales. La Policía recibió 77 denuncias diarias en 10 meses, 12% más que en el año anterior.

Desde que comenzó a implementarse el sistema en 2012, se colocaron tobilleras a 257 hombres por violencia doméstica, en 94 esos casos el dispositivo sigue activo y en 163 está inactivo, en todos ellos por disposición del magistrado a cargo de cada expediente.

Comunicado

Por su parte, La Institución Nacional de Derechos Humanos (INNDDHH) en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres emitió una declaración a través de la cual reconoce los esfuerzos realizados por el Estado en el “diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para atender el problema de las múltiples violencias contra las mujeres, el que crece en visibilización pero no mengua en su entidad”.

Recuerda que “durante 2013, un total de 25 mujeres fueron asesinadas por su pareja o ex pareja y en lo que va de 2014, lo fueron 23. La tasa de muertes de mujeres ocasionada por su pareja o ex pareja (0.73 muertes por cada 100.000 habitantes) coloca a Uruguay en el tercer lugar de la región”.

A esto debe sumarse el asesinato de 9 mujeres trans entre 2011 y 2013.

Los órganos internacionales de control de los tratados han instado al Estado a que mejore la información sobre casos de violencia contra la mujer, incluyendo el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos, sentencias dictadas y medidas de reparación otorgadas a las víctimas, entre otros datos relevantes.

Asimismo la INDDHH en el marco del mes de la diversidad, recuerda que emitió un comunicado en el que informa que da seguimiento a las investigaciones realizadas por las autoridades competentes en relación a estos homicidios.

Tanto el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como la Convención de Belém do Pará, han expresado la necesidad de enfrentar el fenómeno desde un enfoque integral que incluya la actuación de diversas áreas y agencias estatales, con un abordaje capaz de articular la contención, investigación, sanción y reparación de las distintas situaciones que se presentan ante los diversos tipos de violencia, indica la INDDHH.

Recuerda que Uruguay ha avanzado en la aprobación de normativa y en la instalación de servicios para dar respuestas a la población en materia de derechos sexuales y reproductivos. Así, las Leyes N° 18.987 de interrupción voluntaria del embarazo, N°19.161 de ampliación de la licencia por maternidad y N° 19.167 de reproducción asistida, son señales importantes en el reconocimiento de diversas demandas impulsadas por diferentes colectivos y organizaciones sociales.

Sin embargo, “el país está en deuda con la elaboración de un nuevo plan de lucha contra la violencia doméstica, ya que el anterior venció en 2010; con el respeto de los estándares internacionales en la tipificación de los delitos sexuales; con el otorgamiento de la necesaria autonomía y presupuesto adecuado al INMUJERES; con la implementación de medidas efectivas para eliminar los estereotipos de género;con la asignación de recursos suficientes a los Juzgados Letrados de Familia Especializados y a los que tienen competencia en materia de familia en el interior del país, para asegurar cobertura judicial en todo el territorio”.