JUDICIALES

El próximo miércoles habrá nuevo paro de funcionarios judiciales

La Asociación de Funcionarios Judiciales se reunirá el próximo miércoles 19 en asamblea para analizar futuras medidas de lucha. Ese día, como ocurrió este viernes, no habrá atención al público.

El próximo miércoles 19 en asamblea para analizar futuras medidas de lucha.

El Secretario General del gremio, Gustavo Sigorelle, afirmó que “con la voluntad del gobierno no hacemos nada (y) necesitamos una fecha de pago del aumento salarial” prometido por el Poder Ejecutivo.

Signorelle afirmó que se trata de un reclamo de todo el Poder Judicial que incluso afecta a los registros públicos y fiscalías “a quienes también les corresponde el aumento.

“El objetivo es exigirle al Poder Ejecutivo el cumplimiento del pago de todos los adeudos” sostuvo el dirigente a LR21.

Manifestó que el problema es “una cuestión de fechas de pago” y no una cuestión de falta de dinero. “Pagarse se va a pagar, lo que hay que establecer son los plazos”, afirmó.

El artículo 64 de la ley de Presupuesto equiparó los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) con los de los ministros de Estado. Luego, un artículo de la Rendición de Cuentas posterior desenganchó esa equiparación. Los jueces recurrieron la marcha atrás y la SCJ les dio la razón. Con ese argumento, el resto de los funcionarios judiciales (y los registrales, equiparados a ellos) reclaman un aumento, en promedio, de dos dígitos.

Registrales

Por su parte, los funcionarios registrales resolvieron en asamblea mantener sus medidas distorsivas. Esta semana la Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado donde sostiene que la solución a este tema problema depende en forma exclusiva del Poder Ejecutivo.

La SCJ recuerda que Presidencia de la República ratificó su voluntad de cumplir con el pago de las diferencias salariales generadas a partir de 2011, pero dijo no tener aún la información sobre los sectores ajenos al Poder Judicial que estarían alcanzados por esta situación, como por ejemplo los registrales.

En el Gobierno, se sostuvo, no está claro todavía si la solución exigiría una ley habilitante para cumplir con lo adeudado, un monto que ascendería a los 60 millones de dólares anuales.

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