Ex Presos Políticos reclama al Poder Judicial investigar y esclarecer delitos de la dictadura
La Asociación de Ex Presos Políticos de Uruguay (Crysol) reclamó implementar las recomendaciones que realizó Pablo de Greiff, Relator Especial de Naciones Unidas, para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los delitos de lesa humanidad ocurridos en dictadura. Expresan que el Poder Judicial ya no tiene obstáculos legales para investigar y esclarecer los hechos.
La organización Crysol realizó una exposición en la audiencia pública de Derechos Humanos del Parlamento del MERCOSUR, PARLASUR.
En dicho marco, Crysol se refirió a que en la 27ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, realizada en setiembre del año pasado, el Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, presentó su informe sobre Uruguay.
La organización de ex presos y presas políticas recuerda que en el informe del Relator se hace referencia a la “verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición” de los delitos de lesa humanidad.
También remarca que el Relator tiene la responsabilidad de supervisar la implementación de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, que fue aprobada en diciembre de 2005, en los países en que se han cometido graves violaciones a los derechos humanos como las llevadas a cabo en Uruguay durante el terrorismo de Estado.
Greiff realizó un análisis pormenorizado de la realidad uruguaya a casi 30 años del retorno a la vida democrática, de los avances en los últimos diez años, y de los desafíos pendientes.
También hace referencia a un conjunto de recomendaciones que deberían ser implementadas a la mayor brevedad por parte del Estado uruguayo.
Crysol “comparte enteramente el diagnóstico formulado por el Relator Especial Pablo de Greiff al evaluar el proceso vivido por Uruguay en estos 30 años y las recomendaciones formuladas a los tres poderes del Estado uruguayo”.
Implementar las recomendaciones
“La institucionalidad uruguaya debe implementar a la mayor brevedad el conjunto de recomendaciones que formulara el Relator Especial de las Naciones Unidas en todos los planos”, indica Crysol.
Al tiempo, asegura que las recomendaciones involucran a los tres poderes estatales. “El poder judicial ya no tiene obstáculos legales para investigar y esclarecer. La Suprema Corte de Justicia debería liderar el juzgamiento de los responsables. El destino de los detenidos desaparecidos sigue siendo una de las obligaciones prioritarias que no han podido ser dilucidadas. Continúa siendo una herida abierta de la democracia uruguaya”.
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