Ministerios Públicos de Iberoamérica resaltan que autonomía de fiscales es fundamental para mantener el orden jurídico

Ministerios Públicos de Iberoamérica se reunieron durante dos días en Montevideo, en el marco de su XXIIª  Asamblea.

Los ejes principales en los que trabajó la Asamblea de fiscales fueron los sugeridos por Uruguay: “La autonomía de los ministerios públicos, y la reforma del proceso penal”.

En tal sentido, el fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Jorge Díaz,  dijo que “Uruguay es el único país de América Latina en el que el Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo. Mientras que en el resto de la región fue constituido como un organismo autónomo y autárquico, separado del poder político”.

Días expresó que dicha autonomía implica una “nueva ubicación institucional del Ministerio Público, y garantías de que la investigación que desarrollen los fiscales no esté influenciada”.

En la Declaración de Montevideo se resaltó que la autonomía del Ministerio Público “es una independencia fundamental para el mantenimiento del orden jurídico democrático, la defensa de los derechos humanos y el combate a la corrupción y al crimen organizado en sus diversas modalidades”.

Asimismo, “favorece la definición de una política criminal democrática enfocada en la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos de víctimas y acusados”.

Reforma procesal penal

Por otro lado, la Asamblea manifestó su apoyo a la reforma del proceso penal uruguayo.

El proyecto de Ley de reforma del proceso penal fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, y se aguarda que la Cámara de Representantes lo apruebe en la nueva Legislatura.

“La reforma permitirá reconocer a las víctimas, que hoy son los grandes olvidados del proceso penal, el cual las toma como objeto de prueba y no como sujeto de derecho. Las olvida y las  ignora”, remarcó Díaz.

En Uruguay, el 64% de las personas privadas de libertad no tienen sentencia. “Son constitucional y jurídicamente inocentes y pese a ello están presos”, dijo.

Cuestionó que el país “tiene uno de los índices de personas privadas de libertad más altos de América Latina en relación a su población. Hay 300 personas recluidas cada 100.000 habitantes”.