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Funcionarios registrales analizan el lunes paro por tiempo indeterminado

Unos 3.600 funcionarios judiciales y actuarios presentaron a inicios del mes de agosto una demanda por US$ 56 millones, por el dinero atrasado que ellos consideran que se les debe.

La Asociación de Funcionarios Registrales podría instrumentar medidas de lucha “fuertes y no light” de no alcanzarse un entendimiento con las autoridades de gobierno en lo que refiere a los reclamos de aumento salarial para el sector.

Las medidas se resolverán el próximo lunes.

Según comentó el presidente del sindicato, Homero Hernández al informativo de la Asociación de Radios del Interior “estamos reclamando cosas que nos corresponden” y “no descartamos realizar medidas fuertes” para obtener respuestas a nuestras reivindicaciones.

Unos 3.600 funcionarios judiciales y actuarios presentaron a inicios del mes de agosto una demanda por US$ 56 millones, por el dinero atrasado que ellos consideran que se les debe.

En la ley de Presupuesto se incluyó un artículo que equiparó los salarios de los ministros al de los legisladores. En la redacción de la norma quedó abierta la posibilidad de un aumento salarial del 26%, y este también incluye a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral.

Para evitar reclamos salariales, el Poder Legislativo aprobó dos leyes interpretativas (una en 2011 y otras en 2012) que establecía que los aumentos regían solo para los ministros del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en ambas oportunidades, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la medida. Esto, entonces, dejó la puerta abierta a los involucrados para presentar reclamos.

El presidente de la Asociación de Funcionarios Registrales afirmó que “nosotros les pedimos al gobierno que nos pague a nosotros también porque estamos enganchados a los sueldos de los ministros”.

“No nos han llamado y el lunes decidiremos las medidas a tomar” anunció.

La medida afectaría a nivel nacional al Registro Civil, Registros Públicos, Fiscalía de Gobierno, Fiscalía de Corte y la Procuraduría General de la Nación.

 

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