Farmashop amplía grupo de abogados en litigio contra el Estado por limitación de concentración de empresas en una firma
La cadena de farmacias “Farmashop” amplió su equipo de abogados y contrató el asesoramiento de Latham & Watkins, Marval O’Farrell Mairal y Ferrere en el marco del litigio contra el Estado por el decreto de noviembre de 2013 por el que se determina que “ninguna persona física o jurídica, conjunto económico o grupo de sociedades podrá ser titular de más de 15 establecimientos de farmacias de primera categoría”.
Farmashop entiende que el decreto presidencial se trató de un “repentino cambio de las reglas de juego en el mercado”.
En tal sentido, prepara para un litigio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones” (CIADI) en la órbita del Banco Mundial. Por ello decidió ampliar su equipo de abogados, y contrató el asesoramiento de Latham & Watkins, Marval O’Farrell Mairal y Ferrere.
La cadena de farmacias asegura que el decreto del gobierno “limitó la operativa, la compra y venta de locales comerciales” y “viola la Constitución de la República, las leyes vigentes sobre el sector farmacéutico y sobre competencia de mercado, así como también lo acordado por Uruguay en tratados de protección de inversión que firmó con otros Estados”.
El decreto
El pasado 19 de noviembre el gobierno emitió el decreto por el cual determina que “ninguna persona física o jurídica, conjunto económico o grupo de sociedades podrá ser titular de más de quince establecimientos de Farmacia de primera categoría”.
En tal sentido se establece en 15 la cantidad de establecimientos que una persona, jurídica o física, conjunto económico o grupo de sociedades, podrá tener como titular.
Tampoco se podrá ser titular de dos o más farmacias de primera categoría instaladas en un radio menor a mil metros.
Se prohíbe la apertura o transferencia a cualquier título de establecimientos de farmacia de primera categoría, en infracción de la norma.
Los establecimientos comprendidos “no podrán ofrecer, comercializar, distribuir o dispensar medicamentos, cosméticos y dispositivos terapéuticos a través de internet y otros procedimientos informáticos de similar naturaleza o a través de servicios telefónicos”, expresa el decreto.
Un mes después de emitido el decreto, representantes jurídicos de más de diez grupos de farmacias presentaron ante el Ejecutivo los recursos administrativos para la revocación del decreto Presidencial.
Se trató de un acto previo a recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Las firmas que presentaron recursos fueron: Urroz, Lion Pigalle, El Túnel, San Roque, Farmashop, Farmacias Tienda Inglesa, Atahualpa, Tundisi Obelisco, Trouville, Organización de Compra Remediar y Droguería Uruguay.
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