Otro mundo posible

Bajar edad de imputabilidad: ¿criminalizar a los adolescentes?

Regresó a la agenda del Congreso, por insistencia del PSDB, la propuesta de criminalizar a menores de 18 años vía reducción de la mayoría de edad penal.

¿Qué se gana con ello? Nuestra legislación ya responsabiliza a toda persona mayor de 12 años por actos ilegales. Según el Estatuto del Niño y el Adolescente, al menor infractor se le deben aplicar medidas socioeducativas, tales como advertencia, obligación de reparar el daño, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, semilibertad e internado. La medida es aplicada según la gravedad de la infracción.

En los 54 países en que se redujo la mayoría de edad penal no ha habido reducción de la violencia. España y Alemania se echaron atrás en su decisión de criminalizar a los menores de 18 años, y hoy el 70% de los países han establecido los 18 años como edad penal mínima.

El índice de reincidencia en nuestras cárceles es del 70 %. En el Brasil no existe una política penitenciaria, ni se ve intención del Estado por recuperar a los detenidos. Una reforma penitenciaria sería tan necesaria y urgente como la reforma política. Las comisarías funcionan como escuelas de enseñanza fundamental para el crimen; las prisiones como enseñanza media; y las penitenciarías como universidades.

El ingreso precoz de adolescentes en nuestro sistema carcelario sólo haría aumentar el número de delincuentes, pues volvería a muchos de ellos lejanos de cualquier medida socioeducativa. Quedarían estancados como muertos-vivos, sujetos a la violencia, incluso sexual, de las facciones que reinan en nuestras prisiones.

Sin embargo, cuando se quedan en el sistema socioeducativo, el índice de reincidencia es del 20 %, lo cual indica que el 80 % de los menores infractores son recuperados.

Nuestro sistema carcelario ya no soporta más detenidos. En el Brasil ellos son hoy 500 mil, o sea la cuarta mayor población carcelaria del mundo. Sólo vamos a la zaga de los Estados Unidos (2.2 millones), China (1.6 millones) y Rusia (740 mil).

Reducir la mayoría de edad penal es tratar el efecto y no la causa. Nadie nace delincuente o criminal. Un joven ingresa al mundo del crimen debido a la falta de escolaridad, de afecto familiar, o por la presión consumista que le convence de que sólo verá reconocido su valor socialmente si lleva determinados productos de marca.

El menor infractor es el resultado de la indiferencia del Estado, que no garantiza a muchos niños guarderías ni educación de calidad, áreas de deportes, arte y juegos, ni a sus padres trabajo decente o un salario mínimo para que puedan subsistir con dignidad en caso de desempleo.

Según el PNAD, el adolescente que opta por la enseñanza media, junto con algún curso técnico, gana como promedio un 12.5 % más que quien cursa sólo la enseñanza media ordinaria. Sin embargo todavía son escasos los cursos técnicos en el Brasil.

Hoy los adolescentes entre 14 y 17 años son responsables de la consumición del 6 % de las bebidas que se venden en todo el territorio nacional. ¿A quién se debería fiscalizar? ¿Por qué se permite que atletas y artistas de renombre hagan propaganda de cerveza en la televisión y en internet? En tanto que se prohíbe la de tabaco, como si el tabaco fuera más nocivo para la salud que el alcohol. ¿Alguien ha visto a un motorista matar a un peatón por andar bajo los efectos del humo?

Las investigaciones indican que la primera ingesta de bebidas alcohólicas sucede entre los 11 y los 13 años. Y que, últimamente, el número de muertes de jóvenes aumentó 15 veces más que el observado en otros nichos etarios. De los 15 a los 19 años la mortalidad aumentó un 21.4 %.

Así que no basta con reducir la mayoría de edad penal e instalar UPPs en zonas consideradas violentas. El traficante no espera que su hijo sea un bandido sino que sea un médico. ¿Por qué, junto con la policía de paz, no ingresan a las zonas dominadas por delincuentes escuelas, conservatorios de música, teatros, bibliotecas y centros deportivos?

Castigados debieran de serlo quienes utilizan a menores en la práctica de crímenes. Sin embargo ellos suelen ser huéspedes del Estado, desde el momento en que éste permite que dentro de las prisiones las bandas criminales dirijan por medio de celulares todo tipo de violencia contra la ciudadanía.

¿Qué tal sería criminalizar al poder público por connivencia con el crimen organizado? Bien decía el filósofo Carlito Maia: “El problema del menor es el mayor”.

Frei Betto
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