EDIFICIO

Juez no accedió a la medida cautelar solicitada por habitantes del CH-20

El Juez Letrado de 1º Instancia de lo Contencioso Administrativo de 2º Turno, Dardo Martínez, dejó sin efecto la adopción de la medida cautelar de prohibición de innovar solicitada por los propietarios de las unidades habitacionales del complejo CH 20 que fue admitida en forma preliminar por la titular del Juzgado Letrado en lo Civil de 19º Turno.

Los vecinos aseguran que es posible la recuperación del edificio que se encuentra en la rambla sur de Montevideo. (Foto de Subrayado)

Además, el magistrado ordenó la devolución a los interesados del monto consignado por concepto de honorarios provisorios para la realización de la pericia con la que se pretendía realizar los aportes técnicos necesarios para la causa.

En relación con la demanda reparatoria presentada por dos de los interesados, la tuvo por “interpuesta” y reservó las actuaciones hasta la agregación del recaudo que acredite el cumplimiento del requisito de conciliación previa que permita la continuación de las actuaciones.

Martínez consideró que los promotores de la medida cautelar “no cumplieron con lo dispuesto por el artículo 313 numeral 5 del Código General del Proceso, ya que no ofrecieron una “contracautela” suficiente que habilitase la continuación de las actuaciones.

La contracautela es la garantía que se le exige al accionante para cubrir los daños y perjuicios que pudieren resultar de la aplicación de la medida cautelar que se ha solicitado.

El juez señaló que “de la mera solicitud de la medida cautelar no surgen acreditados los presupuestos relativos a la existencia del derecho y el peligro de lesión o frustración de ese derecho”.

Según el magistrado “el derecho a la vivienda no se vio vulnerado desde el momento que la Agencia Nacional de Vivienda les aseguró, mediante el realojo, otra vivienda diversa a la que estaban ocupando”, informó el Poder Judicial en su página web.

La situación

En diciembre pasado los vecinos del complejo habitacional CH-20 difundieron el informe de la Agencia Nacional de Vivienda, en el que se determinó que el edificio está en “peligro de derrumbe”, que “debe demolerse y reubicarse a las familias que allí viven”.

Los vecinos denuncian que a muchas familias se las trasladaría a puntos distantes de la ciudad, y aseguran que es posible la recuperación del edificio que se encuentra en la rambla sur de Montevideo.

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