Ley de Faltas será declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia

La Ley de faltas y de cuidado a la y conservación y preservación de los espacios públicos, fue promulgada por el Poder Ejecutivo en agosto, y aprobada por el Parlamento en el siguiente mes de setiembre. Si bien entró en vigencia y lleva hasta la fecha un considerable número de detenidos por su causa, el fiscal de Corte Jorge Díaz inició un proceso consultivo de constitucionalidad, al entender que la nueva ley violaba la Constitución.

Según informó el semanario Búsqueda, lo que llevó al fiscal a actuar de esa forma, es que la ley expresamente niega la posibilidad de que el imputado apele la sentencia que dicte el juez. En su alegato, Díaz recordó que el artículo 12 de la Constitución, dice que “nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal”.

De esta forma, se inició un proceso de revisión del que estuvo a cargo la Suprema Corte de Justicia. El miércoles por la noche, tal como publica el diario El Observador, los ministros de la corte (en votación dividida) acordaron declarar a la nueva ley como “constitucional”. De todas formas, el fallo aún debe ser firmado, lo que tendrá lugar el jueves de la semana que viene.

La Ley de Faltas entre otras cosas modifica el Código Penal, ya que impone penas que no estaban hasta el momento previstas, y agregó nuevas infracciones. Según la misma, los infractores deberán tener una pena de entre 7 y 30 días de trabajos comunitarios, a aquellos que causen desmanes en espacios públicos, abusen del consumo de alcohol o estupefacientes, arrojen basura o pidan pedir dinero (entre otros) en dichos lugares.

Triunfo del Gobierno

La declaración de la Suprema Corte fue tomada como una gran victoria del Gobierno, debido a que el organismo ya había declarado como “incosntitucional” tres leyes propagadas anteriormente por el Ejecutivo: a ley interpretativa de la caducidad, el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y la ley de liquidación de Pluna.

También cabe recordar que las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia no están en su mejor momento. En una reunión mantenida hace pocos días, se negó nuevamente el pedido monetario de la corte en base a cumplir con los aumentos de sueldos estipulados por la Constitución, que indica que los ministros del organismo deben ganar lo mismo que los secretarios de Estado, y que por expansión afecta a todos los jueces del Poder Judicial.

Desde el mes de setiembre, cuando se comenzó a aplicar la Ley de Faltas, se llevan detenidas 1.678 personas en todo el país. De las mismas, la gran mayoría está compuesta por hombres menores a 35 años en situación de calle. El 90% de los detenidos por la policía por estar haciendo uso indebido de los espacios públicos, fueron hombres.

Casi la mitad, tienen antecedentes penales, y 56 de los 1.678 eran requeridos por la justicia. Solo en 22 casos, se trató de menores de edad, ninguno de ellos menor a 12 años.