Autoridades mundiales de pesca consideran "bandera pirata" la otorgada por Uruguay

Estados Unidos. Mayo de 2002. El Mercado de Boston denuncia ante las autoridades portuarias que un barco de bandera uruguaya, desembarcó dos contenedores de merluza negra, procedente de las zonas de pesca prohibida. El buque, con patrones y tripulación filipina, tiene bandera uruguaya «de conveniencia», expedida por el gobierno de Uruguay.

Australia. Junio de 2002. Técnicos del área antártica bajo jurisdicción australiana, denuncian a la autoridad mundial en Roma que, barcos con bandera uruguaya han capturado merluza negra en zonas prohibidas. Los pesqueros están embanderados bajo el régimen de conveniencia: oficiales y tripulación son mayoritariamente asiáticos. Islas de la Reunión. Diciembre de 2002. El capitán y el jefe de máquinas de un barco pesquero con bandera de conveniencia «uruguaya», son detenidos y llevados a puerto. Lanchas patrulleras franceses, con autoridad en las islas, los capturaron pescando en áreas restringidas de pesca.

Namibia, Africa. Abril de 2003. Inspectores sudafricanos decomisan de un pesquero con bandera uruguaya, nueve contenedores, con un cargamento de merluza negra «juvenil» (de captura prohibida), de un valor estimado en los 2 millones y medio de dólares. El inspector estatal uruguayo, obligatorio a bordo de todo pesquero de bandera nacional, había autorizado la pesca sin observaciones negativas.

Vergüenza mundial

Estos son tan solo algunos de los antecedentes a los que LA REPUBLICA pudo acceder en distintas fuentes. Oficialmente, nada de ello parece haber ocurrido. Sin embargo parece difícil que entidades como Greenpeace Internacional, se ocupen de denunciar violaciones a los convenios internacionales, donde ellas no existan. Por otra parte el Sindicato Unico de Transporte Marítimo y Afines (Suntma), asegura estar en conocimiento de estas denuncias, y entiende que las mismas no deben resultar extrañas en el actual marco que regula una de las riquezas del país: la pesca.

Apuntan que las normas de gobierno destinadas a la regularización de pesquerías, al crear la categoría de pesca «D» (para pesca de ultramar, fuera de las 200 millas de mar territorial), se ha convertido en una venta de banderas uruguayas que han quedado sin control. Calculan que una veintena de pesqueros de alto porte están operando en estos momentos en este marco. «El problema más importante para el país, es que las denuncias se encuentran en el COFI, una dependencia de la FAO (organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación) que se ocupa de analizar la conducta de los países en relación a sus recursos pesqueros y el cumplimiento de los convenios firmados. Estas violaciones con barcos de bandera uruguaya, apareja eventuales sanciones, adoptadas en distintas esferas, para el comercio de pesca de Uruguay». La afirmación es del directivo del Suntma, José Pedro Franco, quien asegura que, de no atenderse al actual proyecto de Ley de Pesca a estudio del Parlamento, el futuro de la industria y del recurso, está en serio peligro.

Despilfarro pesquero

Aunque la Ley de Pesca de 1969 (conocida como Ley «Paz Aguirre») era incompleta, abría dos caminos básicos: la reivindicación de las 200 millas de mar territorial y las posibilidades de inversión en la flota, por aquellos días integrada solamente con dos barcos del SOYP, y uno privado. Pero además, el artículo 27 establecía que «salvo excepción del Poder Ejecutivo» habría capitán o patrón y un mínimo del 50% de la tripulación de ciudadanos naturales o legales uruguayos. Ese entrecomillado daría origen a fases de la actual crisis. No obstante, para las características de aquella época, donde corvina, merluza y pescadilla eran lo explotado, hacían que la normativa fuera un buen comienzo, con un control y participación de los trabajadores uruguayos de peso absoluto. Veinte años después, Uruguay suscribe al convenio internacional de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Antárticos (Ccrvma, por sus siglas en inglés). En decreto posterior aplicable al convenio (157/997) se crea una comisión interministerial (Ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, y Ganadería Agricultura y Pesca) para atender los intereses del país en el tema.

El decreto «aprovecha» a cambiar algunas reglas de juego claves beneficiando a los capitales extranjeros en detrimento de los intereses del país. El considerando número 5, refiriendo al «entrecomillado» artículo 27 de 1969, hace uso de aquella excepción y rebaja del 50% las tripulación nacional obligatoria. Esta aspiración de las multinacionales, hacía caer en desempleo a centenares de uruguayos, sustituidos por mano de obra barata, favoreciendo además el ocultamiento de lo que ocurría en cada lanzada de redes.

Aunque el artículo 6 planteaba que los tripulantes uruguayos deberían ser acumulativos, en un 10% anual, en los últimos 5 años, afirma el Sindicato, buena parte de los barcos no han modificado el 10% original.

Paralelamente a estos problemas, el artículo 3º del documento, abrió la puerta al despilfarro: daba potestades a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), para licitar proyectos de investigación en el sector antártico, que incluían permisos de explotación de pesca comercial. Los proyectos de investigación camuflaban a los depredadores de pesca de otros países. «Es por eso también que ahora, los permisos de pesca concedidos se manejan como secreto de Estado», afirma Franco. «Estamos convencidos que se están vendiendo los cánones de pesca, para merluza negra por ejemplo en unos 20.000 dólares, que se pagan una sola vez. Si la tonelada de merluza negra, está en el mercado mundial a 12.000 dólares, hay que darse cuenta lo ridículo de lo cobrado». Enfatizó finalmente que los argumentos oficiales esgrimidos para conceder estos permisos  el dinero que dejan los empresarios internacionales  es «absolutamente falso». Remarcó que «lo que dejan son cifras para la estadística. Sólo eso. No compran víveres en Uruguay, no utilizan los diques uruguayos, no contratan inspecciones uruguayas, no compran combustible en Uruguay, no reparan sus barcos. Tampoco descargan acá el pescado. Menos aún generan puestos de empleo para uruguayos. Entonces ¿el beneficio de «regalar» los permisos, a quién está beneficiando? *