Procesan sin prisión a siete personas por “asonada” en la Suprema Corte de Justicia

La jueza Merialdo dispuso el procesamiento “sin prisión” de las siete personas, a las que el fiscal Gustavo Zubía acusó de haber cometido un delito de “atentado”, por la asonada a la Suprema Corte de Justicia ocurrida el 15 de febrero.

Sin embargo, Merialdo dispuso un fallo diferente al pedido del fiscal quien solicitó que a la líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites; al extupamaro, Jorge Zabalza; al activista y ex preso político Álvaro Jaume; y la docente Patricia Borda se los procesara con “medidas privativas de libertad”. No obstante, la jueza decidió procesarlos pero sin prisión.

El fiscal había expresado que las cuatro fueron los “instigadores” de los incidentes ocurridos el 15 de febrero pasado dentro del local de la SCJ.

En el caso de los hermanos Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro Jaume), y del secretario general del ADEOM, Aníbal Varela, también se los procesó sin medidas privativas de libertad, tal como en este caso así lo había pedido Zubía.

En las primeras horas de la mañana Borda, Varela y Álvaro Jaume fueron conducidos al juzgado por parte de la Policía, lo que generó cierta indignación. Mientras que Leites y Zabalza fueron por sus propios medios.

Sedición

Luego del dictamen de la jueza, el abogado Gustavo Salle, defensor de Leites, expresó en declaraciones a Montevideo Portal que tanto su defendida como los otros seis acusados “no debieron haber sido procesados”, y en todo caso debió haber sido por el “delito de sedición”.

Empero, Salle valoró que la magistrada “no hizo lugar al criterio de selección arbitrario utilizado por el fiscal Gustavo Zubía”.

“El fiscal eligió arbitrariamente a los siete acusados, dentro de una masa de 300 personas”, dijo el abogado defensor.

“Ese criterio se debió a que lo ocurrido en la Suprema Corte fue un acto del Frente Amplio y si se acusaba a todos los participantes iban a caer reconocidas figuras de ese partido como el diputado Luis Puig, Daniel Viglietti o Eduardo Galeano, que estaban exactamente en la misma situación que mi defendida (Irma Leites)”, sentenció Salle.

Los incidentes fueron originados el pasado 15 de febrero tras el traslado de la jueza Mariana Mota, especializada en delitos de Derechos Humanos, a la órbita de la justicia civil. Mota tenía en carpeta más de 50 casos relacionados con violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura.

Ese día, en que Mota prestó juramento como jueza civil, se dio una ocupación popular en la planta baja de la Suprema Corte de Justicia.

Luego de seis meses de ocurridos los hechos, la jueza penal Gabriela Merialdo, a pedido del fiscal Gustavo Zubía, citó en calidad de indagados a unas 12 personas, entre quienes se encontraban los hoy procesados.