REGASIFICADORA

Vecinos del oeste de Montevideo presentarán recursos ante la Justicia

La coordinadora de vecinos del oeste de Montevideo presentará en los próximos días varios recursos administrativos contra la instalación de la plata de regasificación en Puntas de Sayago.

Existe un »apuro gubernamental por autorizar el proyecto”, aseguran.

Los recursos administrativos que presentarán los vecinos serán contra la autorización ambiental previa de la Dirección Nacional de Medio Amiente (DINAMA). En dicha resolución del organismo dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se autorizó la construcción de la terminal de regasificación.

Asimismo, los recursos de los vecinos van contra una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas de abril de 2013 en la cual se promovió a la planta regasificadora como proyecto de inversión y, por lo tanto, accede a exoneraciones tributarias, informó El País.

Los vecinos de la zona oeste de la capital anunciaron que también recurrirán el aval ambiental de la DINAMA del 24 de octubre, porque aseguran que no tiene la firma del director, Jorge Rucks, quien se encontraba en Chile.

El permiso fue firmado por “una asistente del jerarca, aunque luego Rucks sí lo firmó».

“Si bien este hecho no constituye ninguna irregularidad, ya que la disposición final para la autorización fue firmada por el Ministro de Vivienda, Francisco Beltrame, sí deja entrever el apuro gubernamental por autorizar el proyecto”, aseguran.

Tributos

Por otro lado, según informó El País, el Estado se habría comprometido a pagar a GDF-Suez -que construirá y operará la regasificadora-, si por alguna razón la compañía no puede descontar impuestos ante el organismo impositivo de España, como así lo pretende.

El matutino informó que en el llamado a licitación la empresa belga-francesa GDF-Suez se presentó como GDF-Suez Latin America Participacoes Ltda., una subsidiaria.

Según la información, “con ella buscaba aprovechar el tratado para evitar la doble tributación entre Uruguay y España”. El acuerdo permite que algunos de los impuestos que una empresa española paga en Uruguay pueda descontarlos en su país. De esa forma se evita tributar dos veces por lo mismo.

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