EXCESOS

Corte Electoral rechaza un plebiscito en Tacuarembó por minería a cielo abierto

Si bien la Corte Electoral había validado en una primera instancia las 13.000 firmas presentadas por los vecinos de Tacuarembó para plebiscitar la minería a cielo abierto en ese departamento, ahora los ministros entendieron que existe una invalidez jurídica para llevar adelante la consulta popular.

Corte Electoral / ccz18.blogspot.com

La iniciativa había sido promovida a instancias del gobierno departamental, que no tiene potestades frente a las leyes de Ordenamiento Territorial, Orgánica Municipal y de Minería, según la Corte.

“El proyecto de decreto no podía ser objeto de una aprobación ni aún a través de un referéndum porque excedía las facultades de un gobierno departamental. El texto que se promovía estaba alejado de las facultades jurídicas que en la materia tiene el gobierno departamental, que si bien es claro que tiene potestades, pero no las absolutas como para regular todo el territorio y declararlo como reserva natural, lo que implicaría por ejemplo prohibir la actividad agropecuaria”, explicó el ministro de la Corte Electoral Gustavo Silveira, en declaraciones que publica el diario El País.

Los vecinos de Tacuarembó buscarán otra salida

Aunque oficialmente la notificación aún no fue entregada en el departamento norteño, la noticia corrió rápidamente por los corrillos locales y en general la sensación era de rechazo a lo decidido por los miembros de la Corte.

Desde las distintas baterías locales, se entiende que se trató de una decisión política, no básicamente jurídica, ya que la división de los ministros a la hora de votar (cinco contra cuatro) pauta que no existe un criterio común.

Los impulsores de la iniciativa del plebiscito –el grupo “Por la Vida y el Agua”- remarcaron que continuarán adelante buscando otras vías, y rechazaron la decisión de la Corte que entienden, les negó un derecho legítimo de “informar, discutir y decidir” en torno a un tema que afectará directamente a los tacuaremboenses en primer término.

Paralelamente los debates entre jurisconsultos sobre la potestad de los gobiernos departamentales para oponerse a la minería a cielo abierto, está en el tapete ya que otros departamentos vecinos también están planteando similares condiciones.

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