Asentados en cercanías del nuevo Hipódromo serán alojados en vagones y contenedores

Ocho familias de los alrededores del moderno Hipódromo de Maroñas ya fueron realojadas en viviendas del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) con lo que el organismo se evita pagar el servicio 222 de vigilancia y, al mismo tiempo, los ocupantes deben hacerse cargo del pago de las tarifas de luz y agua.

Sin embargo, la gran mayoría de los residentes que se encontraban en el proyecto de las 7 manzanas cercanas al centro hípico todavía esperan una resolución a su problema de vivienda.

Debido a esta tardanza, la concesionaria de Maroñas, Hípica Rioplatense, decidió que el ingreso al hipódromo se hiciera por la avenida General Flores en vez de por la calle Guerra, donde está el acceso principal.

En el acuerdo pactado por el Ministerio de Vivienda y la Intendencia capitalina quedó establecida la expropiación de los predios en la calle Guerra lo que permitirá ampliar y continuar la avenida Centenario. Con esto se busca facilitar y mejorar el ingreso al centro hípico, pero su concreción demanda que las familias residentes en la zona sean realojadas.

La postergación de la mudanza para estas familias tuvo varias causas. Primero la obtención de un terreno que permitiera la construcción de las viviendas. Luego, la Intendencia adquirió un predio, pero por falta de rubros, la cartera de Vivienda no puede hacer frente a los gastos que implica la ejecución de las obras.

El subsecretario Oscar Brum, explicó a LA REPUBLICA que todavía no se pudo construir en dicho terreno ya que fue ocupado por cooperativistas de Fucvam que levantaron carpas. En tal sentido, el presidente de Fucvam, Víctor Fernández desafió al subsecretario a debatir públicamente sobre este tema. De acuerdo a lo informado por el cooperativista, Brum habla sin conocimiento de causa, ya que las 7 familias ocupantes fueron autorizados desde hace tiempo por la Intendencia a levantar viviendas precarias en ese lugar.

Explicó que las actuales autoridades del Ministerio están discriminando a los cooperativistas, ya que el ex ministro Carlos Cat, antes de dejar el cargo firmó una resolución por la cual equiparaba la situación de los afiliados al sistema Siav con la de los cooperativistas de vivienda. La medida determina que aquellas personas con un ingreso inferior a las 30 unidades reajustables, reciben un subsidio de 374 UR, mientras antes, los cooperativistas recibían un préstamo que era devuelto en 25 años.

El dirigente de Fucvam sostuvo que el ministerio pone excusas para diferir en el tiempo la entrega de los recursos, ya que las familias están emplazadas en una pequeña porción del mismo y pueden sin problemas empezar a construir.

En definitiva, las autoridades decidieron ahora adquirir vagones y contenedores para instalar, por un tiempo indeterminado, a unas 30 a 40 familias hasta que se construyan las viviendas. Más allá que se aguarda la desocupación del predio que cediera la Intendencia, el ministerio comprará otro terreno en las cercanías de Piedras Blancas para realojar a estas familias.

En estos días, el ministerio está acondicionando los vagones y contenedores para que queden en condiciones habitables. Instalarán baños químicos y se piensa también utilizar esta alternativa para los casos de familias afectadas por las inundaciones.

Según indicó Brum, algunas de las familias de la calle Guerra desistieron de habitar en apartamentos pertenencientes al BHU, debido a que su trabajo de recicladoras de residuos lo realizan con un carro tirado por un caballo, y no tendría espacio para tener al equino. El subsecretario admitió que no se sabe por cuánto tiempo permanecerán las 30 o 40 familias viviendo en los vagones o contenedores, ya que tampoco se conoce cuándo estarán prontas las viviendas.

La polémica de los 100 millones

Oscar Brum manifestó que los cien millones de dólares que reclama Fucvam están donde tienen que estar, y van a ser usados y ejecutados en la medida de las posibilidades presupuestales.

Explicó que ese dinero está dividido en dos grandes cuentas: una de ellas está administrada y es ejecutada por el Ministerio de Vivienda que es la cuenta de pasivos. Allí tenemos alrededor de 1.750.000 pesos.

Luego tenemos la parte de activos que recauda la Contaduría General de la Nación.

Nosotros tenemos un problema presupuestal para utilizar ese dinero. Ese problema está enmarcado dentro de lo que fue la Rendición de Cuentas, que le redujo al Ministerio de Vivienda un 28% de su presupuesto respecto al año anterior. Eso implicó que se redujeran los rubros que tenemos para utilizar en materia de construcción de vivienda.

Tenemos una camisa de fuerza dentro de la cual nos tenemos que mover, y no podemos gastar más.

Ahora, debido al alto nivel social que tiene el Ministerio de Vivienda, es que hemos acordado con el ministro de Economía el aumento de ese cupo presupuestal. Ese cupo se nos había reducido en un 28%, y ahora queda en 15%. El 13% restante implica un aumento de la utilización de los rubros correspondientes al Fondo Nacional de Vivienda.

Por su parte, el cooperativista Víctor Fernández replicó que «es mentira que los fondos están donde tienen que estar», ya que si no deberían existir viviendas construidas y en construcción. Explicó que no es verdad que la Ley de la Rendición de Cuentas encorsete al Ministerio, ya que sin la aprobación de una ley posterior se disminuyó la retención presupuestal del 28 al 13%. Sostuvo que «se está encubriendo al Ministerio de Economía que no pasó los recursos a la Secretaría de Vivienda y esta última no reclamó el dinero de estos fondos». *