Eduardo Rojas: Las desapariciones de personas no se resuelven por decreto

Eduardo Rojas, integrante del Departamento de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Chile, llegó a Uruguay para participar del primer encuentro de revisión de la situación de los Derechos Humanos en la región, organizado por las Conferencias Episcopales de los países del Cono Sur. En diálogo con LA REPUBLICA, Rojas afirmó que en su país, los militares reconocieron que hubo asesinatos, pero informaron que las personas fueron cremadas y lanzadas al mar, por lo que se daba por cerrado el tema. Sin embargo, un juez exhumó cuerpos en un regimiento y se descubrió que los restos encontrados pertenecían a uno de los nombres que oficialmente se dieron como lanzados al mar desde un helicóptero. A partir de allí, cayó un manto de duda sobre el informe oficial, y surgió la pregunta de los familiares respecto a si realmente los desaparecidos fueron tirados al mar o enterrados bajo tierra.

Por otra parte, Rojas enfatizó que actualmente los partidos políticos reivindican la defensa de los Derechos Humanos en su programa partidario. Incluso, hasta los sectores de derecha tratan de reconciliarse con estos derechos a fin de ganar votos e incluso algunos buscan distanciarse del ex dictador Augusto Pinochet.

«Ninguno va a verlo, ninguno lo defiende en foros públicos y algunos de ellos fueron ministros de su gobierno de facto y llegan a justificar su actuación afirmando haber sido engañados y que no sabían lo que pasaba»

El católico y experto en Derechos Humanos enfatizó el caso de las conclusiones de la Comisión Para la Paz de Uruguay y dijo que: «Cuando se refiere a violaciones ocurridas en el pasado no se cierran por decreto, ley ni por un informe oficial. Todas estas cosas son importantes, como reconocer que hubo muertos, pero de todas maneras queda pendiente, no sólo para los familiares de los desaparecidos sino para toda la sociedad, la deuda histórica de dar una respuesta integral de saber realmente dónde están los detenidos desaparecidos».

Explicó que desde el punto de vista de la Iglesia Católica, interesa saber el paradero de estas personas, ya que los familiares tienen derecho de dar a sus deudos una cristiana sepultura. «Esto no es un tema que se cerrará en un día sino que acompañará a los involucrados por mucho tiempo, como ocurrió con la Alemania Nazi», explicó Rojas. De cualquier manera explicó que llevar encima la expectativa de no saber dónde están sus familiares no es del todo malo, porque entiende que también es positivo saber crecer con ese dolor, integrándolo a la vida cotidiana. «Eso implica justicia y perdón», acotó Rojas, quien ayer estuvo participando de los talleres que se realizan en instalaciones de Casa Kolping.

Injusticia social

El presidente de Cáritas Uruguay y de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU), monseñor Rodolfo Wirz, explicó que la región está marcada por los efectos del neoliberalismo, «que no ha resuelto la problemática de la justicia social».

Enfatizó que el problema no es que falten riquezas, ni gente capaz y competente, sino que a su entender, es el libre mercado el que incide negativamente en un juego donde los débiles son los que pierden.

«Hay una situación que no está resuelta, que es el de la pobreza. Si hay un libre juego, de oferta y demanda, esto es salvaje, donde gana el más fuerte», destacó el obispo de Maldonado. En cuanto a la postura de la iglesia sobre la pena de muerte, monseñor Wirz, explicó que la institución trata de ser coherente con su visión de que el dueño exclusivo de la vida es Dios. Defiende la vida desde su origen, hasta el final, por eso está en contra del aborto, la eutanasia y la pena de muerte. «Enfatizó que aunque parezca para ciertos sectores que el Papa fue demasiado idealista en cuanto a defender la paz contra todo tipo de guerra, la misma filosofía se aplica también contra la pena de muerte.

Por lo tanto consideró esencial, que la defensa de la vida vaya acompañada por una cultura que evite los casos de desnutrición, que existan fuentes de trabajo y se reduzca cada vez más la carrera armamentista. Reconoció que no existen recetas para resolver las injusticias sociales, pero consideró esencial el involucramiento de los actores sociales, sindicales y políticos para crear condiciones favorables a la vida, de modo que la muerte premeditada, sea cada vez más una excepción.

Por su parte, Cristina Dos Anjos, de Cáritas Brasil, explicó que en su país existe una historia diferenciada de lucha por los Derechos Humanos de un proceso más organizativo en la sociedad civil.

Gracias al esfuerzo de la comunidad se consiguieron algunos logros, como ser una ley que penaliza la corrupción electoral en el año 1999.

Sostuvo que era habitual que los políticos abusaran de su poder para conseguir sus votos, pero con la aprobación de la norma, se reglamenta el control para evitar la compra de votos. Si se llegara a comprobar el delito, a la persona no se le permite candidatearse, explicó. *