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Marcha: «ambientalistas» argentinos no logran entrar a Uruguay

Centenares de pobladores de la ciudad argentina de Gualeguaychú (centro-este) organizaron el domingo una caravana de vehículos en protesta por el aumento de la producción en Uruguay de una fábrica que consideran contaminante, pero la Policía uruguaya les impidió cruzar la frontera.

Activistas se preparan para la protesta en Arroyo Verde, Entre Ríos. (Archivo AFP)

«¡Fuera la fábrica!» (de celulosa), gritaron manifestantes en la marcha, que volvió a reclamar, como en los últimos años, el cierre de la planta de la firma pastera finlandesa UPM (ex Botnia).

Los ambientalistas habían anunciado su intención de cruzar el puente fronterizo para llevar un petitorio a las autoridades comunales de la vecina localidad de Fray Bentos (310 km al noroeste de Montevideo), en la orilla oriental del río Uruguay, pero la policía uruguaya les cerró el paso.

«Al no poder pasar la caravana, no vamos a cruzar para entregar el petitorio. Lo lamento. Lo haremos llegar de otro modo», dijo a la televisión en el puente el alcalde de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, quien estuvo al frente de los manifestantes.

El presidente de Uruguay, José Mujica, había justificado la decisión de impedir el paso en que «hay cosas que se pueden dar y que son muy difíciles de evitar cuando la gente en la pasión de su manifestación a veces se pasa del estribo».

Los ambientalistas de Gualeguaychú, a 230 km al norte de Buenos Aires, mantuvieron un corte fronterizo de protesta durante tres años y medio desde que en 2007 empezó a operar la planta, en un contexto de tensión bilateral.

«Nuestra ciudad no aceptará nunca un emprendimiento contaminante», dijo Bahillo antes de poner punto final a la movilización.

El conflicto se apagó a raíz de un fallo de la Corte Internacional de La Haya, que negó que la planta contaminara, aunque dispuso un monitoreo conjunto de ambos países.

»Soberanía compartida»

Mujica acaba de autorizar un aumento de 1,1 a 1,2 millones de toneladas anuales en la producción y el gobierno argentino respondió que cualquier cambio debe ser consultado por ser un río de soberanía compartida.

Argentina dijo que la planta excede los límites permitidos de fósforo, nitrógeno y materias orgánicas, entre otros efluentes, pero Uruguay rechazó la imputación y alegó que los niveles son inferiores a los máximos legalmente permitidos. AFP

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