El plomo vuelve a atacar

Owen Cabrera de tres años y medio; Mariana Pereira, de dos años y medio, y Jordan David Pereira de 18 meses, debieron ser internados ayer en la sala del Pereira Rossell, especialmente acondicionada para casos de plombemia, luego que los resultados de los análisis registraran 72, 48, 49 microunidades del metal por decilitro, respectivamente, en sus torrentes sanguíneos. La situación de Jordan es aún más preocupante ya que al pequeño se le detectó caída del cabello, presumiblemente a causa de la plombemia.

Un grupo de padres que se encontraban en la puerta del centro pediátrico confiaron a LA REPUBLICA la situación infrahumana que padecen estas familias que viven en el asentamiento 25 de Agosto al costado del arroyo Miguelete, cerca de la cancha de fútbol de La Luz.

La mayoría de estas familias se encuentra desocupada por lo que tienen que valerse de la recolección de materiales en desuso para poder sobrevivir a duras penas.

Una madre, cuyo hijo se encuentra afectado por plombemia, narró a este matutino un hecho que ilustra por sí solo, la crítica situación.

«Cuando logramos hacer unos pocos pesos, tenemos que elegir entre darles un vaso de leche o llevarlos al hospital. Hay días que no tenemos para comer, mucho menos para trasladarnos en ómnibus», manifestó la mujer.

«Desprolijidades»

Según varios testimonios de los familiares, recogidos por este matutino en la puerta del centro asistencial, los móviles dispuestos por el Ministerio de Salud Pública para el traslado de los menores afectados con plombemia no cumplen con la frecuencia prevista.

«El lunes de la semana pasada estuvimos cuatro horas esperando la camioneta en el centro Morell, lugar donde, teóricamente, debería pasar a recogernos.

El viernes no vino porque había paro de empleados públicos cuando, en la policlínica se trabajó en forma normal según nos dijeron los médicos. Además se nos dan sólo tres números semanales para concurrir a la policlínica Giordano a realizar los análisis», manifestó otra madre.

Otro tema denunciado por los padres de los niños del asentamiento 25 de Agosto como una «desprolijidad» por parte de Salud Pública es que, durante el 2002, se efectuaron 300 análisis a niños y mujeres embarazadas, cuando en el barrio se estima que sólo la población infantil supera el medio millar de niños.

Por su parte, Carlos Pilo, integrante de la coordinadora vecinal contra la plombemia, dijo anoche a LA REPUBLICA que los padres de los niños afectados se encuentran preocupados e impotentes ante «la falta de respuesta» de las autoridades competentes. «Hay un marcado sentimiento de desesperanza y de incertidumbre. Parece mentira que a las autoridades les cueste entender lo grave de la situación. El caso del pequeño Owen es más que elocuente. El niño posee el índice más alto registrado hasta el momento. ¿Qué están esperando que ocurra?», se preguntó Pilo.

Agregó que, de no concretarse la entrevista prevista con el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Saúl Iruretam prevista para mañana, la comisión buscará «caminos alternativos» para que sean recibidos por las autoridades correspondientes.

Los vecinos afectados esperan ser trasladados de las zonas afectadas con plomo a otros lugares de la ciudad.

Desde el Ministerio de Vivienda se había anunciado su traslado a propiedades del Estado, ya sea viviendas del propio Ministerio o del Banco Hipotecario. *