Uruguay tendrá en septiembre una guía de archivos sobre el Plan Cóndor
Uruguay tendrá una guía de archivos sobre coordinaciones represivas en el Cono Sur, en el marco del Plan Cóndor, la cual elaboró el Instituto de Políticas Públicas del MERCOSUR, y en donde se reúnen los archivos de 115 instituciones públicas y privadas.
Se trata de una herramienta para acceder a documentos útiles, tanto para la investigación judicial como para la academia o la interpretación del pasado reciente.
En el marco de la Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos del MERCOSUR y Cancillería, se conformó un grupo técnico para “elaborar” la guía de archivos sobre estos temas.
El Instituto de Políticas Públicas del MERCOSUR está mandatado para elaborar este documento y la guía será presentada en septiembre.
Plan Cóndor al revés
El director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Federico Perazza, dijo que la guía reúne los archivos de 115 instituciones públicas y privadas, según informó Presidencia de la República.
Recordó que el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro, señaló en su momento la necesidad de “coordinar las acciones como un Plan Cóndor pero al revés, donde el objetivo sea la facilitación de la información con que los Estados Parte cuentan, para el esclarecimiento de los casos contra los derechos humanos perpetrados por las dictaduras en la región”.
La iniciativa se enmarca en la agenda política del MERCOSUR.
Durante los años setenta, los servicios de inteligencia de la región establecieron una alianza represiva, basada en la “Doctrina de la Seguridad Nacional”.
Las dictaduras del Cono Sur crearon la “Operación Cóndor” en 1975, lo que implicó la puesta en práctica de una estructura clandestina para el intercambio de información, pero también para el intercambio de prisioneros, persecuciones y desaparición de personas, mediante la vigilancia política a disidentes, exiliados, refugiados y presos políticos.
Dicha coordinación conformó equipos especiales paraestatales, con el objetivo de recibir y recluir a prisioneros extranjeros, secuestrados en el marco de esta operación. Las principales víctimas de la coordinación ilegal fueron dirigentes y militantes políticos, sindicales y sociales.
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