Justicia allana tres financieras en Uruguay a solicitud de juez argentino
La jueza letrada de 1º Instancia de Crimen Organizado de 2º Turno, Adriana de los Santos, dispuso allanamientos en empresas de intercambio financiero situadas en Zonamérica y WorldTrade Center (WTC), en el marco de una solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Argentina, a cargo del juez, Norberto Oyarbide.

Los allanamientos realizados en dos financieras World Trade Center y una en Zonamérica fueron en el marco de la investigación por evasión fiscal de jugadores de fútbol en Argentina que lleva adelante ese magistrado, y por el que fuera procesado el futbolista Jonathan Botinelli por su pase a River Plate de Buenos Aires.
Según informó la Suprema Corte de Justicia, De los Santos condujo “personalmente” la operativa cumplida en dos empresas del WTC, mientras el fiscal, Juan Gómez hizo lo propio en el allanamiento de una financiera situada en Zonamérica.
El juez Oyarbide solicitó el “diligenciamiento de diversas medidas” en el marco de una investigación de carácter reservado que lleva adelante el exhortante luego de haberse “detectado operaciones de triangulación y planificación fiscal nociva en la transferencia de jugadores de fútbol, habiendo incurrido presuntamente en delitos de asociación para delinquir, falsificación documentaria y estafa”.
Las medidas solicitadas referían a “recabar información relacionada con transferencias y fichajes de jugadores de fútbol y allanamientos, describiendo en detalle la documentación y bienes a incautar”.
En ese marco, el fiscal Gómez se pronunció en forma favorable al diligenciamiento de las medidas solicitadas por el requirente.
La norma aplicable al caso es el “Protocolo de Asistencia Mutua en Asuntos Penales”, aprobado por la ley 17.145, que en su artículo 1º establece como finalidad “la asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre las autoridades competentes de los Estados partes”.
Asimismo, la jueza de los Santos entendió que la solicitud “se ajustaba a las disposiciones vigentes del tratado”, sin contraponerse con las normas procesales y sustantivas de nuestro país, ni con el principio que prohíbe la doble incriminación.
Relevo del secreto bancario
La Suprema Corte de Justicia informó que en razón de que las empresas en las que se practicaron los allanamientos podían tener como finalidad el “intercambio financiero, o ser casa de valores”, la magistrada “relevó del secreto bancario conforme al decreto ley 15.322 a efectos de la entrega de documentación, asientos informáticos y otros elementos que puedan ser útiles para la megacausa radicada en Argentina”.
Asimismo, la magistrada dispuso la colaboración de la Secretaría Nacional Antilavados, a efectos de que un contador de dicha unidad asista a los policías actuantes.
De los Santos también determinó que los allanamientos fueran practicados por autoridad administrativa perteneciente al Ministerio del Interior.
En tanto que tres personas designadas por el Juez Federal argentino fueron autorizadas para estar presentes y aportar información a efectos de evitar la incautación de bienes innecesarios para la investigación.
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