No realojarán a 112 familias de asentamientos afectadas por plomo

Carlos Pilo, intregrante de la comisión vecinal, señaló anoche a LA REPUBLICA que existe preocupación y malestar en las familias afectadas, luego que la secretaría de Estado les anunciara la decisión de no construir el centenar de viviendas prometidas para su realojo.

«Hace por lo menos cuatro meses que no nos reunimos con la comisión tripartita, integrada, además de los vecinos afectados, por el Ministerio de Salud Pública y el de Vivienda. El tema quedó sepultado por un problema de fondo que aún no ha sido resuelto y es la salud de los niños contaminados por plomo», manifestó el vocero vecinal.

La situación tomó estado público el 14 de febrero de 2001, luego que este matutino informó que a varios menores del barrio La Teja se les detectó entre 15 y 50 microunidades de plomo en el torrente sanguíneo. El límite permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 10 microunidades del metal por decilitro de sangre.

Realojos suspendidos

Los primeros síntomas, según manifestaron los padres de los niños, fueron dolores de cabeza, falta de concentración y, en los casos más graves, dificultades para caminar. La mayoría de los casos se detectaron en predios donde están ubicados los asentamientos Inlasa, Rincón, Primus y cañada Victoria donde funcionaron años atrás metalúrgicas y fábricas de baterías y en predios donde se volcó escoria de plomo.

El centenar de familias afectadas que iban a ser trasladadas al predio de Faramiñán e Islas Canarias viven en estas zonas. El terreno fue donado por la comuna capitalina, mientras que la cartera de Vivienda sería la encargada de costear la construcción. Sin embargo, los recortes presupuestales a ese Ministerio imposibilitan la ejecución de las obras previstas.

Pilo agregó que en tanto no se proceda al realojo de las familias afectadas, la intoxicación por plomo no tendrá una solución definitiva.

«Los padres de los niños afectados se sienten impotentes y preocupados por la decisión ministerial. Los médicos tratantes nos volvieron a insistir que cualquier tratamiento que se realice no será efectivo mientras mantengan contacto con la fuente contaminante, es decir con los predios donde viven», afirmó el vecino.

Durante el año pasado, el Ministerio de Vivienda procedió a realizar varios traslados de familias, básicamente a viviendas pertenecientes al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). El Ministerio costearía los gastos de luz y agua hasta el traslado definitivo de los afectados

«Tenemos información que una familia que fue realojada en la calle Martín Berinduague quería volver al asentamiento porque el Mvotma dejó de pagarle la luz y el agua», afirmó el integrante de la comisión vecinal. *