Centro por la Justicia y el Derecho Internacional rechaza el fallo de la SCJ

La organización defensora de los casos en que están involucrados los DD.HH. en el continente, señala que la decisión “constituye un cabal incumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del caso Gelman”.

Agrega que la decisión “limita indebidamente la calificación de ciertas conductas como crímenes contra la humanidad y cuestiona el alcance y aplicabilidad de la sentencia de la Corte IDH dictada en el caso Gelman”. Con ello “se erigen nuevos obstáculos para la investigación adecuada y efectiva de los graves y numerosos crímenes cometidos durante la dictadura militar”.

El cumplimiento de lo acordado internacionalmente

Para CEJIL, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, le impone a Uruguay –al igual que a los demás países firmantes- que debe adecuar sus normas y sus prácticas a la Convención reformando, derogando o anulando aquellas que desconozcan derechos reconocidos u obstaculicen su ejercicio. Esta obligación alcanza a todos los poderes del Estado, incluyendo al Poder Judicial que tiene el deber de hacer un control de convencionalidad de sus propias actuaciones”.

Recuerda en tal sentido que para el caso Gelman, se resolvió que “ni la Ley de Caducidad ni ninguna otra norma análoga tal como prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, o cualquier excluyente similar de responsabilidad pueda ser aplicada en las investigaciones y eventuales sanciones de graves violaciones a los derechos humanos”.

Finalmente urge a “los poderes del Estado en Uruguay”, a que actúen “de conformidad con las obligaciones que han asumido”, en tanto la decisión adoptada por la Suprema Corte, es un “nuevo obstáculo en la búsqueda de la justicia y la verdad”.