Justicia desautoriza “escuchas telefónicas” como prueba policial corriente

Durante un seminario para abogados y magistrados cumplido en la ciudad de Treinta y Tres, los representantes de la Justicia cuestionaron las escuchas telefónicas como prueba, afirmando que afectan el derecho a la intimidad de los ciudadanos y van en detrimento de las confesiones.

“Podemos afirmar que hoy, por primera vez en la historia del proceso penal uruguayo, la confesión está jaqueada como la reina de las pruebas y está jaqueada por la intervención telefónica”, dijo el juez penal Luis Charles, al diario El País.

Uruguay convertido en “Gran Hermano”

Para el juez Charles, intervenir un teléfono puede resultar más sencillo que los vaivenes que implica un interrogatorio, “pero también es más peligroso, porque hay que tener sumo cuidado con respecto a la intimidad de la gente, sino convertimos esto en un Gran Hermano”, advirtió.

La intervención de teléfonos está regulada por el artículo 212 del Código de Proceso Penal y por el artículo 5º de la ley de Control y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en un marco que autoriza solamente al juez a ordenar la intervención, a pedido del fiscal.

La medida no puede ser adoptada por la policía per-se, y los audios obtenidos sin autorización judicial, e incluso fuera del período específico estipulado por el juez, carecen de validez como pruebas.

“No es posible disponer la medida como una forma de averiguación genérica”, enfatizó Charles, quien recordó que para su uso “deben existir elementos que determinen la verosimilitud de la existencia de un hecho delictivo y la presunta participación del indagado en el mismo”.