Uruguay@s adoptad@s sienten vulnerados sus derechos a conocer a su familia de origen

El Parlamento recibió en la tarde de este miércoles una misiva de un grupo de personas que fueron adoptadas y que al desconocer a sus familias biológicas pretenden que el Estado asuma su “responsabilidad” ante la serie de escollos que existen para lograr tal finalidad.

“Somos un grupo de personas que hemos sido separadas de nuestra familia de origen y que vemos vulnerado nuestro derecho a conocer nuestra identidad, nuestro origen”, aseguran en una misiva que dirigida a los parlamentarios que integran la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

“En nuestras vidas se presentan muchos inconvenientes al momento de buscar. Cuando empezamos a hacer preguntas en el círculo familiar, los amigos y los vecinos, no le encuentran sentido, la mayoría calla. Desconocen que se trata de un derecho, del derecho humano a la identidad. Creen o prefieren pensar que no tiene sentido revolver viejas heridas, que no valoramos la suerte que tuvimos y así muchos otros comentarios discriminatorios e hirientes”, expresan.

Más dificultades

Además de estas dificultades “sociales y culturales, cuya superación es responsabilidad del Estado”, aseguran que existen otras que también pueden ser superadas con el apoyo de los poderes estatales.

En tal sentido consideran que existe “desorganización de los archivos”, además de la “multiplicidad y dispersión” de los mismos.

También se refieren a la “imposibilidad de acceso a la información a cargo de instituciones privadas, como es el caso del Movimiento familiar cristiano”.

Asimismo denuncian el “silencio de los profesionales intervinientes en las adopciones, que muchas veces actuaron ilegalmente”.

Es por ello que frente a todas estos obstáculos, aseguran que muchas veces bajan sus brazos y dejan de buscar, viendo así vulnerados sus derechos.

“Tenemos derecho a buscar, acceder a la información y conocer nuestra familia de origen. Así lo reconocen los artículos 7, 8 y 9 de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, y el artículo 23 del Código de la Niñez y la Adolescencia”.

Ante esta situación requieren que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes los reciba en audiencia.