Día crucial para la despenazación del aborto en Uruguay: Cámara de Diputados aprobaría el proyecto de ley por un voto

El proyecto despenaliza la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación bajo determinadas condiciones y sustituye otro aprobado en diciembre de 2011 por el Senado, promovido por el gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) pero que fracasó por la oposición de uno de sus diputados.

El FA tiene una ajustada mayoría de 50 diputados (en 99) en la cámara baja y debió negociar una versión alternativa con el Partido Independiente, lo que permitiría que el nuevo proyecto sea aprobado el martes. Si es validada, la iniciativa debe volver al Senado para que éste convalide los cambios.

Según la norma en debate, para abortar la mujer debe entrevistarse con un equipo de al menos tres profesionales que le informará sobre los riesgos, las alternativas y los programas de apoyo social a la maternidad o de adopción.

Luego tendrá que esperar cinco días y si ratifica su voluntad de abortar se coordinará el procedimiento.

Como excepción, se autorizaría el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, dentro de las 14 semanas de gestación.

«No es el proyecto por el que hemos peleado tantos años», dijo a la AFP Ana Lima, integrante de la Coordinadora por el Aborto Legal, añadiendo que hay cierta «frustración» por el proyecto que se acordó a nivel político.

Según la organización, el proyecto no implica una despenalización sino que «suspende la pena» si se cumplen los trámites, no le reconoce a la mujer el derecho a decidir libremente sobre su vida y no prevé sanciones a los servicios de salud que no cumplan con los plazos previstos.

«Todas las obligaciones están del lado de las mujeres», cuestionó Lima. Además, «es un retroceso» del código penal actual porque en los casos de violación acorta el plazo legal para realizarse un aborto a 14 semanas.

De todas formas, «estamos poniendo un puntito más en la legislación y en la agenda de una sociedad», sostuvo. «Es la ley que tendremos y habrá que seguir trabajando en la etapa de la reglamentación (…) En la sociedad civil habrá que organizar apoyo y asesorías».

 «Proyecto maquillado»

En la vereda de enfrente, una veintena de organizaciones «Pro-Vida» convocaron para la noche del lunes a una manifestación en contra de la iniciativa.

Lorna Marchetti, vocera del Movimiento, dijo a la AFP que «se ha maquillado un poco el proyecto pero aunque no está explícito que el aborto va a ser un derecho, en los hechos sí lo va a ser».

«Se le está confiriendo a la mujer un permiso para que libremente pueda abortar cumpliendo requisitos mínimos y se está transformando en un acto médico», añadió, cuestionando que tampoco toma en cuenta la opinión del padre.

Para Marchetti, «todavía no está todo dicho» y aseguró que seguirán «peleando y militando» para evitar la aprobación de la ley.

Al realizarse de forma clandestina, los abortos en Uruguay son difíciles de contabilizar, pero según datos de organizaciones no gubernamentales en este país de 3,4 millones de habitantes se registran más de 30.000 abortos por año, contra unos 47.000 nacimientos.

Desde 2008 una mujer que desea interrumpir su embarazo tiene garantizado por ley el derecho a obtener información sobre la mejor manera de hacerlo. Pero cuando recibe la indicación mas frecuente, tomar misoprostol (un medicamento para úlceras), éste no puede ser recetado por un ginecólogo, por lo que sólo puede comprarlo en el mercado negro.

A principios de este año, dos mujeres de 28 y 32 años fallecieron por abortos con ese medicamento.

La ley vigente, de 1938, pena con tres a nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, con seis a 24 meses a quien colabore con el mismo y con dos a ocho años a quien lo practique sin el consentimiento de la embarazada.

Proyectos para legalizar el aborto fracasaron en 1978-1979, 1985, 1991, 1993, 1998 y 2002.

Esta es la tercera iniciativa que analiza el FA desde su llegada al poder en 2005. En 2008, el Parlamento lo despenalizó pero la ley fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez alegando «principios éticos».