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    Chile: Consumo y pobreza se entrecruzan en el país de la desigualdad invisible

    Es viernes por la mañana y Carlos, ejecutivo de una empresa inmobiliaria de la capital chilena, se levanta sabiendo que, como en toda víspera de fin de semana, trabajará hasta más temprano y luego partirá a la costa del océano Pacífico junto a su esposa y sus tres hijas.

    Escrito por: Marianela Jarroud

    Domingo 12 de agosto de 2012 | 12:34

    Protesta de estudiantes chilenos

    A la misma hora y al otro lado de Santiago, Pablo, tercero de cuatro hijos de una familia campesina ahora afincada en esta ciudad, está desde el amanecer en faenas de carga y descarga de reses en un frigorífico en el que debe cumplir nueve e inamovibles horas diarias.

    Carlos gana en promedio el equivalente a 6.000 dólares por mes, casi 17 veces más que el salario mínimo que percibe Pablo, igual a 364 dólares.

    Ambos son ciudadanos de Chile, un país sudamericano que lleva décadas declarado como el “milagro latinoamericano” por la pujanza de su economía y la reducción de la pobreza, pero donde la brecha entre ricos y pobres sigue siendo una de las más amplias de América Latina, que, a su vez, es la región más desigual del mundo.

    Eso explica por qué el gobierno de Sebastián Piñera celebró las cifras de ingresos de ricos y pobres, publicadas el 24 de julio en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).

    Los datos sostienen que la diferencia entre lo que perciben los sectores más ricos y más pobres cayó de 46 veces en 2009 a 35 veces en 2011. Si a eso se agregan las ayudas estatales, como bonos y subsidios para los más vulnerables, “esta desigualdad se achica: en 2009 era 25 veces la diferencia, y en 2011 se redujo a 22 veces”, dijo el mandatario.

    Así como el dinero está lejos de ser la respuesta única al bienestar humano, la diferencia de salarios no alcanza para explicar la desigualdad.

    Carlos vive en una casa amplia de cinco dormitorios y tres baños en la acomodada comuna de Las Condes, al oriente de Santiago.

    Pablo habita una pequeña vivienda en la comuna de Lo Prado, al poniente de la capital. En dos ambientes construidos y otros dos prefabricados con madera y algunos materiales aislantes se apiñan él, su madre, una hermana menor, su pareja y sus dos hijos, de uno y cuatro años de edad.

    En estos días del invierno austral, la familia se calienta con braseros improvisados, la manera más económica de evitar el frío, pero también peligrosa por los frecuentes incendios que causa.

    El producto interno bruto de Chile creció más de 20 por ciento entre 2006 y 2011; la pobreza afecta a 14,4 por ciento de sus 17 millones de habitantes y la indigencia a 2,8 por ciento, según la Casen, principal instrumento de medición para el diseño y evaluación de la política social del país.

    Pero, a la alegría oficial, se oponen voces calificadas.

    “La Casen ha perdido toda credibilidad respecto de la medición de la pobreza y la desigualdad. Es una encuesta que se maneja con parámetros que no se condicen con el Chile de hoy, por lo que es un ejercicio estadístico en base a ciertos supuestos que en realidad poco dicen de los niveles reales de pobreza y desigualdad que existen”, dice a IPS la economista Gloria Maira.

    La línea de indigencia y de pobreza de la Casen se determina por el valor de la Canasta Básica de Alimentos, equivalente a unos 146 dólares, que determina una medición unidimensional, pues no contempla otras necesidades como salud, vivienda, educación o transporte. Además, el sistema de evaluación utiliza patrones de consumo de 1987, desfasados de la realidad actual.

    Si se adoptaran los parámetros de hoy, la pobreza aumentaría considerablemente, un costo político que ningún gobierno quiere asumir. Un “sinceramiento” de esos parámetros dispararía las cifras de pobreza y desigualdad, agrega Maira.

    “Estamos atrapados en los números y tenemos poca mirada en cuanto a calidad de vida”, señala a IPS el antropólogo Mauricio Rojas. Hay que considerar las posibilidades de la gente de vivir con dignidad, apunta.

    Antes de llegar a su oficina, Carlos tiene tiempo de llevar a sus hijas al colegio privado, que cobra mensualidades de unos 500 dólares.

    Como trabaja desde tan temprano, Pablo no puede darse el lujo de acompañar a sus hijos a la guardería, controlada por la gubernamental Junta Nacional de Jardines Infantiles, donde los niños y niñas permanecen desde las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde y reciben leche, almuerzo y merienda gratuitos.

    Semejante cobertura de enseñanza suena encomiable. Pero en la educación fragmentada en tres sistemas –uno público descentralizado, uno particular subsidiado y otro privado y pago– está enterrada una de las raíces de la desigualdad chilena.

    La Constitución no consagra el derecho a la educación, y el sistema de enseñanza se rige por el principio de lucro. Además, ni siquiera las universidades públicas son gratuitas en este país.

    “Donde se refleja la pobreza es en el acceso a la educación, la salud, la previsión, que deberían ser los roles esenciales del Estado”, explica Rojas.

    Carlos es usuario de una institución de salud previsional, sistema privado creado en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Por el pago de una importante suma, él y su familia pueden acceder a las mejores clínicas y médicos.

    Pablo, gracias a su trabajo, es usuario del estatal Fondo Nacional de Salud, que opera principalmente con hospitales y consultorios públicos, donde la atención es lenta y precaria.

    Cuando toca ir al hospital, “es triste y humillante. Hay que esperar horas por la atención, incluso cuando se trata de uno de mis hijos, que son pequeños. Cuando por fin te atienden, apenas te explican qué le pasa a tu hijo, te tratan mal y te mandan para la casa. A los pocos días hay que volver porque tu hijo está peor. Es así todos los inviernos”, describe.

    Su familia soporta la crisis sanitaria que, sobre todo en invierno, ataca a los más pobres. La gran contaminación atmosférica de Santiago, una urbe rodeada de montañas, se combina con el frío y genera una explosión de enfermedades respiratorias: 4.200 personas mueren por año a causa de la polución del aire santiaguino.

    La sociedad de consumo no es capaz de satisfacer esas necesidades de las personas. Sin embargo, hay una tolerancia ciudadana hacia la desigualdad, describe Rojas.

    En su opinión, “hay una sociedad de consumo que es exitosa, que da un cierto espejismo de integración social a través de los objetos, y que esconde los verdaderos derechos sociales que están restringidos”, afirmó.

    A horas distintas, Carlos y Pablo terminan sus jornadas laborales. Al ponerse el sol, Pablo retorna a casa en el atestado transporte público Transantiago. Carlos ya disfruta de un vino tinto templado en la terraza de su apartamento con vista al mar. IPS

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