Asociación Rural y Federación Rural convocan a recurrir impuesto a la tierra

Desde la Asociación Rural y de la Federación Rural se recurrió a los servicios de expertos en materia tributaria, a los que se sumaron los propios juristas que defienden a las instituciones, llegando a la conclusión que existe la posibilidad cierta de ampararse en aspectos constitucionales que impiden la ejecución del tributo.

El impuesto alcanza a unas 1.200 empresas del total de 47.300 aproximadamente en el país y constituyen el 36% de las áreas productivas del país.

El gravámen es de US$8 por hectárea para quienes tengan entre 2.000 y 2.500 has, de índice Coneat 100; US$12, a quienes tengan entre 5.000 y 10.000 has., y US$ 16 a extensiones superiores a las 10.000 has.

Ya hay dos recursos presentados

La Suprema Corte de Justicia, tiene ya a estudio dos recursos de inconstitucionalidad presentados por la arrocera Casarone y un grupo forestal de origen chileno.

El Poder Ejecutivo y los 19 intendentes departamentales, apoyan el tributo.

Los opositores al mismo, argumentan que el ICIR viola la autonomía departamental porque quita a los municipios potestades sobre el destino del dinero recaudado.

El impuesto recaudará unos US$60 millones anuales que serán destinados específicamente a caminería rural, adelantó el propio presidente de la República.

Paralelamente se argumenta que solamente las intendencias pueden cobrar impuestos a la tierra y no Rentas Generales.