Aseguradoras privadas y Estado enfrentados por plazos de pago

El foco de la controversia está centrado en principio en la obligación de las empresas aseguradoras de resolver con un máximo de 30 días, si aceptan o rechazan el siniestro que les presenten sus clientes: vencido el plazo se tendrá por aceptado el siniestro.

La liquidación del monto establecido deberá ser efectuada en un máximo de 60 días a partir de la comunicación. Si la empresa no cumple en tiempo y forma caerá en mora.

Cambian derechos y también obligaciones

El articulado viene a solucionar uno de los problemas más frecuentes que enfrentan los asegurados con sus compañías: la falta de plazos de pago. Así algunas empresas demoran tanto en hacer la liquidación que los asegurados entablan juicios para acelerar el proceso.

Los asegurados tendrán ahora nuevas obligaciones, entre las que destaca el plazo máximo para hacer la denuncia: cinco días calendario desde que conoció el hecho o se registró el siniestro.

Las aseguradoras privadas se oponen de plano a por lo menos 20 de los artículos del anteproyecto y advierten que se “complica” la dinámica de los seguros y que debe continuarse con el actual sistema. Afirman paralelamente que acelerar los procesos como se reclama por parte del proyecto, a lo único que conducirá es a un incremento en el número de fraudes que se intentan realizar contra las compañías.